MORELIA, Michoacán.— La comunidad de Arantepacua ha declarado este domingo una máxima alerta, movilizándose para asegurar que se ejecuten con diligencia las órdenes de aprehensión dictadas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de seguridad Juan Bernardo Corona Martínez y doce policías estatales, acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura derivados de la represión del 5 de abril de 2017.
Un Hito Tras Años de Lucha y Obstrucción
La decisión judicial, emitida el pasado viernes por un juez de control, representa un avance significativo para los habitantes de Arantepacua, quienes han mantenido una incansable batalla legal y social. Este llamado urgente a las autoridades busca garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, después de años de lo que describen como un ‘entramado de encubrimiento, dilación y obstrucción institucional’ diseñado para impedir la verdad y la rendición de cuentas.
Durante casi una década, la comunidad ha articulado un robusto proceso organizativo, político y jurídico. Esto implicó la meticulosa compilación de cientos de pruebas, la realización de movilizaciones constantes tanto en Michoacán como en la Ciudad de México, y un fortalecimiento ejemplar de su tejido comunitario para sostener su exigencia de justicia. Han enfrentado no solo la brutalidad inicial del Estado, sino también una sistemática negativa a investigar los hechos.
Aunque las órdenes de aprehensión no son justicia, son apenas el inicio de una etapa en la que el Estado está obligado a demostrar que está dispuesto a romper con la impunidad que él mismo construyó”.
Se ha denunciado públicamente que la Fiscalía del Estado, bajo la dirección de Adrián López Solís por varios años, funcionó como un obstáculo persistente. Retrasó diligencias cruciales, intentó desviar líneas de investigación, presionó a las víctimas para desistir de sus acusaciones y reprimió la organización comunitaria. A pesar de estos intentos de silenciarlos, Arantepacua no claudicó, logrando lo que hoy celebran como un importante avance judicial.
El panorama
Frente a la gravedad de los crímenes imputados, la comunidad insta a las autoridades judiciales a efectivizar la detención inmediata de Aureoles Conejo, a quien señalan como el autor intelectual de la “masacre”, así como de los otros quince exservidores públicos implicados. Subrayan que la búsqueda y detención de otros políticos y funcionarios que participaron en estos hechos deben ser exhaustivas, asegurando que nadie quede impune en uno de los episodios más oscuros de la administración michoacana reciente.
