La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto un freno a la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, acusados de narcotráfico. La institución mexicana, liderada en este tema por Raúl Armando Jiménez Vázquez, exige a las autoridades estadounidenses ampliar la información, argumentando la ausencia de pruebas sólidas que justifiquen una medida tan drástica y que podría comprometer el debido proceso.
La controversia surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara formalmente a Rocha Moya y a sus colaboradores por narcotráfico. Sin embargo, en una conferencia de prensa, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, enfatizó que la solicitud estadounidense carece de los elementos probatorios necesarios para proceder con la detención provisional.
‘El pedimento que nos ocupa, no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar por qué de la urgencia, de la detención provisional. Igualmente advertimos, en una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acredite la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar. La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso’, declaró Jiménez Vázquez.
La FGR ha iniciado sus propias investigaciones sobre los hechos presuntamente ocurridos en territorio nacional, adhiriéndose estrictamente a la legislación mexicana y los principios del Estado constitucional y democrático de derecho. El fiscal Jiménez Vázquez reiteró el compromiso de la institución.
‘El pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional’, aseguró.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue la encargada de turnar a la FGR la petición de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, relativa a la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos. Es crucial entender que, como explicó el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, no se trata aún de un procedimiento de extradición formal, sino de una solicitud de medida cautelar con fines de extradición, regida por el Tratado de Extradición bilateral México-Estados Unidos y la Ley de Extradición Internacional.
Jiménez Vázquez destacó que la detención provisional es una restricción a los derechos humanos y, por lo tanto, solo puede otorgarse con motivos, fundamentos y pruebas ‘sólidas’ y ‘más allá de toda duda razonable’, que acrediten la urgencia de evitar la sustracción de la justicia. El impedimento a esta medida ha sido evaluado con apego estricto a la normatividad internacional y nacional aplicable.
El panorama
La postura de la FGR subraya la complejidad de los procesos de extradición entre naciones y la importancia de proteger los derechos fundamentales, incluso ante acusaciones graves. Se espera que la solicitud de ampliación de información a Estados Unidos marque un nuevo capítulo en este mediático caso, donde la soberanía nacional y el debido proceso son prioritarios para las autoridades mexicanas.
