
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el martes 17 de noviembre de 2026 las disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligan a las empresas de telefonía a conservar hasta por dos años los datos de sus usuarios —registros de llamadas, tráfico de comunicaciones y geolocalización— y a entregarlos a autoridades de seguridad y procuración de justicia.
La resolución se tomó al analizar el amparo en revisión 193/2026, promovido por una ciudadana que impugnaba el artículo 183 de esa ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. La mayoría de las ministras y los ministros coincidió en negar el amparo, como proponía el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, aunque con diferencias en las consideraciones, de acuerdo con las crónicas de Proceso, Excélsior y La Silla Rota. Las notas consultadas no informan el conteo de votos ni identifican votos en contra.
Qué quedó validado y con qué límites
Según Excélsior e Imagen Radio, la Corte avaló la conservación de los datos, su entrega a las autoridades, la geolocalización en tiempo real y el bloqueo de señales, pero acotó la interpretación: para acceder a los registros de llamadas y metadatos, las fiscalías necesitan autorización previa de una jueza o un juez federal, fundada y motivada, conforme al artículo 16 constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La excepción es la emergencia: cuando está en riesgo la vida de una persona, la información puede entregarse sin orden judicial previa, según esas mismas fuentes.
En el caso de la geolocalización en tiempo real, La Silla Rota reportó que la Corte la consideró un acto de molestia para el que basta un requerimiento por escrito, fundado y motivado, de autoridad competente, sin necesidad de una orden de juez; Imagen Radio también refiere que se requiere un mandamiento escrito. Las crónicas difieren en el énfasis sobre este punto, por lo que el alcance preciso dependerá del engrose de la sentencia.
Tensión en el Pleno
La discusión tuvo momentos tensos. La ministra ponente reclamó que se le pidiera cambiar la metodología de su proyecto: “Yo sí pido, y lo pido como ministra, que se respete mi decisión”, dijo, según Proceso y Excélsior. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, respondió que “la mayoría tiene un criterio” y que quien no lo comparta puede expresarlo mediante un voto concurrente o particular.
Por qué importa
Las disposiciones validadas afectan a todas las personas usuarias de telefonía móvil en el país, cuyos datos de comunicación y ubicación quedan bajo resguardo de las concesionarias durante dos años. El fallo fija, además, el marco en el que fiscalías y autoridades de seguridad podrán solicitarlos, un tema que organizaciones de defensa de la privacidad han cuestionado desde la aprobación de la ley en 2025.
En las fuentes consultadas no consta postura de las empresas de telecomunicaciones ni de la quejosa tras la resolución.
