El Tesoro de EU sanciona a una estructura criminal y financiera compuesta por 21 personas y 25 entidades mercantiles señaladas de operar para el cártel de Sinaloa, específicamente para la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco». Las medidas fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La designación formal congela todos los bienes e intereses que los implicados mantengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe cualquier transacción comercial con ciudadanos o entidades de dicho país. De forma paralela, en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó el congelamiento precautorio de sus cuentas bancarias.
Motivos por los que el Tesoro de EU sanciona a la red de La Mayiza
De acuerdo con el Departamento de Estado, estas acciones buscan neutralizar la penetración de las organizaciones criminales en los aparatos gubernamentales locales, donde diversos operadores presuntamente recibieron sobornos para brindar protección institucional y eludir la acción policial en el norte del país.
Entre los objetivos centrales del esquema destacan:
- Ismael Zambada Sicairos, identificado por las autoridades norteamericanas como líder de la facción.
- Operadores logísticos encargados del resguardo de rutas y financiamiento de disputas territoriales.
- Empresas comerciales utilizadas para blanquear recursos de procedencia ilícita.
- Exservidores públicos señalados de actuar como facilitadores institucionales.
Trama política y empresarial en Mexicali
El expediente oficial detalla que la red mantenía presencia estratégica en la capital de Baja California mediante la célula de «Los Rusos», facción liderada por Juan José Ponce Félix. En este núcleo, las investigaciones señalan a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
A los hermanos Torres se les imputa presunto aprovechamiento de influencia política para facilitar las operaciones del grupo delictivo y bloquear intervenciones de corporaciones de seguridad en la región fronteriza.
Asimismo, la resolución incluyó a exfuncionarios del ámbito local:
- Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Mexicali.
- Rafael Buenrostro Martín, exempleado aduanal y exasesor legislativo en Baja California.
- Socios y administradores de establecimientos comerciales vinculados a la distribución de fondos.
Bloqueo de empresas y suspensión de actividades financieras
El paquete de penalizaciones abarca sociedades mercantiles ubicadas en Baja California y Sinaloa dedicadas a diversos giros económicos, entre los cuales figuran:
- Vida Orgánica Tijuana S de RL de CV
- Edifika Desarrollos Baja S de RL de CV
- The Woods Bar S de RL de CV
- Raes Restaurante S de RL de CV
- Servicios Hoteleros Gastelum SA de CV
- Galerías Centro Cambiario SA de CV
Con estas medidas bilaterales, las autoridades de seguridad y hacienda buscan debilitar los canales de financiamiento ilícito y sancionar las redes de protección institucional en la frontera norte.
