Un duro revés legal ha sufrido la reforma al Código Penal de Puebla conocida como la «Ley de Ciberasedio». Este martes, un juez federal otorgó un amparo a una organización de la sociedad civil para evitar que se le aplique este delito, al considerar que la redacción de la ley es una amenaza directa a la libertad de expresión.
La organización beneficiada con esta protección legal es la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Con esta resolución, la ONG y sus miembros quedan blindados y no podrán ser investigados ni sancionados penalmente por sus publicaciones en redes sociales o cualquier otro espacio digital bajo el cobijo de esta normativa.
Una Ley «Vaga y Arbitraria»
El origen de la polémica radica en la reforma publicada el 11 de julio de 2025 (el Artículo 480), la cual tipificó como delito el uso de tecnologías, redes sociales o correos electrónicos para realizar «actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona».
Sin embargo, el juez Cuauhtémoc Escobar González (titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Penal en Puebla) le dio la razón a la organización civil, argumentando graves deficiencias en la redacción de los legisladores poblanos:
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Falta de claridad: El juez determinó que la norma es tan «vaga, imprecisa, abierta y amplia» que genera total incertidumbre jurídica para el ciudadano común.
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Puerta abierta al abuso: Al no especificar detalladamente qué constituye una «ofensa» digital, la ley deja la interpretación al arbitrio de la autoridad (jueces o Ministerios Públicos), permitiendo que cualquier persona sea sometida a una investigación penal injustificada.
«Se deja al arbitrio de la autoridad su aplicación… sometiendo a cualquier persona a una investigación formalizada sin establecer si esa conducta es de relevancia penal o un mero ejercicio del derecho de libertad de expresión, inhibiendo así el flujo de la información», señala el contundente fallo del juez.
Conclusión: El Riesgo para la Sociedad Civil
La resolución judicial concluye que, de aplicarse esta ley, se imposibilitaría a fundaciones como Iris ejercer su labor de defensa y promoción de los derechos humanos por miedo a represalias legales.
Este amparo se suma a una creciente lista de quejas y protecciones legales (incluyendo a organizaciones internacionales como Artículo 19) contra la Ley de Ciberasedio en Puebla, evidenciando que lo que el Congreso local vendió como una medida de protección digital, en la práctica, ha sido interpretado por los jueces federales como un instrumento potencial de censura y persecución.
