El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, ha decidido poner un alto definitivo a las prácticas abusivas que atentan contra el patrimonio de las familias poblanas. A través de la Consejería Jurídica, se envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar con mayor severidad el delito de despojo inmobiliario.
Esta medida responde a una creciente demanda ciudadana, especialmente en zonas periféricas y rurales donde grupos organizados (a veces coludidos con autoridades) invaden terrenos y propiedades bajo esquemas de «paracaidismo» o fraudes notariales.
¿Qué Propone la Iniciativa?
La reforma busca modificar el artículo que tipifica el despojo, elevando las penas de prisión y las multas económicas para quienes cometan este ilícito. Los puntos clave son:
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Aumento de Penas: Se proponen sanciones de 4 a 10 años de cárcel (actualmente son menores) para quien ocupe un inmueble ajeno sin consentimiento.
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Agravantes: Si el despojo se realiza con violencia, amenazas, o involucra a grupos vulnerables (adultos mayores, indígenas), la pena podría aumentar hasta en una mitad.
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Funcionarios Públicos: Se castigará con mayor rigor a notarios, servidores del registro público o policías que faciliten o encubran estas invasiones.
“El patrimonio de una familia es sagrado. No vamos a permitir que vivales se aprovechen de la necesidad o de la falta de defensa legal de la gente para quitarles lo que construyeron con tanto esfuerzo”, se lee en la exposición de motivos del Ejecutivo.
Un Problema que Crece en Silencio
El despojo inmobiliario se ha convertido en un «negocio» ilícito para ciertas organizaciones que lucran con la tierra ajena, fraccionando ilegalmente y vendiendo lotes sin servicios ni certeza jurídica. Con esta reforma, el gobierno estatal busca desarticular estas redes y dar herramientas a la Fiscalía para que actúe con contundencia.
Conclusión: Certeza Jurídica para Todos
La iniciativa ahora está en manos de los diputados locales, quienes deberán analizarla y votarla en el Pleno. De aprobarse, Puebla daría un paso importante hacia la consolidación del Estado de Derecho, enviando un mensaje claro: el que la hace, la paga, y con cárcel.
