Las recientes protestas por el agua en Jalisco derivaron en una severa crisis política y de derechos humanos tras la detención de más de 50 manifestantes en Guadalajara. Familiares y organizaciones civiles denunciaron golpizas, abusos y el presunto uso de la residencia oficial como centro de tortura policial.
La inconformidad ciudadana, detonada por el suministro prolongado de agua contaminada y maloliente en colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, culminó en una marcha hacia Casa Jalisco que fue dispersada mediante un fuerte despliegue de las fuerzas antimotines.
Consecuencias de las protestas por el agua en Jalisco
Abogados del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y activistas locales informaron que decenas de personas fueron retenidas de manera arbitraria durante horas sin acceso a defensa jurídica ni valoración médica inmediata.
Testimonios de manifestantes liberados y familiares de los detenidos documentan presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas durante los operativos:
- Instalaciones utilizadas para agresiones: Denuncias de que manifestantes fueron concentrados en Casa Jalisco para recibir golpizas antes de su envío ministerial.
- Lesiones físicas graves: Personas puestas en libertad con fracturas óseas, heridas craneales y necesidad de traslado en silla de ruedas.
- Firma bajo coacción: Presiones para rubricar desistimientos de denuncias contra elementos policiales señalados por agresiones.
Denuncias de abusos y traslados a Puente Grande
De un registro inicial de más de medio centenar de personas no localizadas tras la movilización, siete permanecieron bajo custodia de la Fiscalía estatal. La defensa confirmó que al menos cuatro de ellas serán remitidas al penal de máxima seguridad de Puente Grande bajo acusaciones de ataques a las vías de comunicación y daños patrimoniales.
Afuera de las instalaciones ministeriales, colectivos ciudadanos instalaron un campamento de vigilia exigiendo la liberación incondicional de los procesados y el cese a la criminalización de la protesta social.
Postura de las autoridades estatales y federales
El conflicto generó repercusiones en los más altos niveles de gobierno, evidenciando posturas contrastantes sobre la actuación de los cuerpos de seguridad:
- Gobierno de Jalisco: El gobernador Pablo Lemus respaldó a los uniformados y atribuyó los disturbios a grupos infiltrados, aunque prometió revisar grabaciones por posibles excesos.
- Gobierno de México: La presidenta Claudia Sheinbaum exigió desde Palacio Nacional explicaciones claras sobre la represión, sentenciando que contener no es equivalente a reprimir.
- Comisiones de Derechos Humanos: Apertura de expedientes de queja para deslindar responsabilidades por uso excesivo de la fuerza pública.
El desenlace de las protestas por el agua en Jalisco mantiene en alerta a la sociedad civil tapatía, mientras la exigencia central por un servicio de agua potable salubre continúa sin resolverse de fondo en la metrópoli.
