La problemática de las personas desaparecidas en México fue abordada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) felicitó al Estado mexicano por lograr la localización de 16 mil víctimas a lo largo del año 2026. El organismo internacional destacó que las acciones implementadas han comenzado a generar resultados tangibles, al tiempo que llamó a consolidar los mecanismos de búsqueda forense e investigación judicial.
Avances en la búsqueda de personas desaparecidas en México y reporte de la ONU
Durante la presentación del informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente del CDF, Juan Pablo Albán Alencastro, subrayó la importancia de mantener esquemas permanentes de colaboración técnica. Si bien el registro oficial supera las 130 mil personas no localizadas en el histórico nacional, la delegación internacional reconoció el impacto de las recientes brigadas institucionales de rastreo.
Entre los puntos medulares expuestos ante el pleno de Naciones Unidas se puntualizan los siguientes:
- Localización efectiva: Identificación y ubicación de 16 mil personas durante las jornadas operativas de 2026.
- Acompañamiento internacional: Cooperación técnica bilateral con países como Alemania, España, Noruega y Guatemala.
- Sin política de Estado: El comité reiteró que no existen indicios de una política gubernamental orientada a cometer desapariciones, diferenciando el escenario actual de épocas pasadas.
Debate sobre el artículo 34 y cooperación forense internacional
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), fijó su postura frente a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La delegación nacional reiteró su rechazo a interpretaciones que vulneren la soberanía jurídica, aunque refrendó una política de absoluta apertura diplomática.
Las prioridades estratégicas del gobierno federal en la materia contemplan las siguientes líneas de acción:
- Prioridad de Estado: Compromiso institucional de no tolerar ni encubrir la desaparición forzada bajo ninguna circunstancia.
- Reconocimiento a colectivos: Apoyo directo y garantías de seguridad a las madres y familias buscadoras en territorio nacional.
- Coordinación forense: Homologación de bases de datos genéticas entre fiscalías estatales y el Centro Nacional de Identificación Humana.
- Combate a la impunidad: Focalización en redes de delincuencia organizada y autoridades locales coludidas que perpetran estos delitos.
Postura del Estado mexicano ante la Asamblea General
El subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Arturo Medina, enfatizó ante los Estados miembros que las desapariciones actuales no responden a directrices de las altas esferas del poder público, sino a la operación de grupos criminales en complicidad con corporaciones policiales municipales. En este marco, aseguró que el aparato estatal mantiene un despliegue sin precedente para esclarecer cada caso.
Coordinación interinstitucional y acompañamiento a colectivos
Las autoridades mexicanas concluyeron su intervención destacando la estrecha vinculación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo primordial radica en robustecer los recursos periciales, brindar certeza jurídica a las familias y garantizar que los procesos de identificación avancen con dignidad y rigor científico.
