La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes se ve envuelta en un escándalo de alcance internacional debido al asesinato del magistrade Ociel Baena, quien, antes de su fallecimiento, era reconocido como un símbolo del género no binario en México, según reportes de la cadena BBC de Londres.
Una crisis, casi siempre, resulta en pérdida, pero cuando se ejecuta profesionalmente el llamado “spin-off” para darle la vuelta a la situación, puede generar dividendos. Aunque difícil de lograr, es alcanzable si se añade talento y experiencia a la técnica.
Sin embargo, el otro extremo es grave: cuando el escándalo deviene negligencia y afecta la credibilidad del Estado en su totalidad. Esto no solo daña la imagen pública y el costo electoral del gobernante en turno y su partido político, sino que las consecuencias de gestionar mal una crisis pueden pasar de menores a mayores: desde la protesta hasta la rebelión, del cambio de gobierno a las reformas legislativas y la transformación social.
Las pugnas ideológicas siempre polarizan, y el caso de Aguascalientes merece atención, pues han sido acentuadas por una cadena de errores y fallas de cálculo político y sensibilidad social.
La prontitud con la que la Fiscalía propagó rumores, la publicación de fotos escatológicas, los detalles sensacionalistas, la negación de pésames por parte de actores políticos de primer nivel y la primicia a medios de corte conservador y amarillista… Todas estas acciones y omisiones, paradójicamente, profundizan la crisis y alimentan el enojo de los colectivos. En pocas horas, ya se realizaban protestas a escala nacional bajo el lema: “Crimen pasional, mentira nacional”.
La narrativa del “crimen de odio” gana credibilidad por al menos tres razones: la naturaleza del activismo del magistrade, las amenazas que había denunciado públicamente y jurídicamente, y el nivel de saña con el que se ha manejado la información en los medios de comunicación y las redes sociales.
En lugar de cuidar los protocolos de manejo de un crimen así, de administrar formas y fondos, y sobre todo de manejar los tiempos para la información, para poder rebatir la hipótesis con credibilidad, la Fiscalía de Aguascalientes parece actuar irónica y escandalosamente por una motivación ideológica conservadora que sería inaceptable desde el gobierno.
Si no es así, aflora una condición igual de vergonzante: la incapacidad de analizar riesgos y de anticipar escenarios. De gestionar emociones y percepciones del público, comprender cómo las reacciones emocionales influyen en la percepción de la situación y en la toma de decisiones en los juegos de poder.
La comunicación en crisis se subestima entre políticos y gobernantes de todos los niveles por lo general, pero particularmente más en ámbitos locales.
Prepararse ante una eventual crisis se percibe como una preocupación injustificada, casi baladí, hasta que, claro, llega el momento y cae todo el peso del costo político. Debe ponderarse mucho más allá de la opinión pública local; comprender los antecedentes históricos de casos similares y hasta pensar en el calendario electoral.
Insisto, lo importante debe ser conservar la credibilidad del Estado, incluso si eso implica ir en contra de la ideología del gobernante. Fomentar la paz social mediante cautela, inteligencia y sensibilidad para lograr la aceptación de una “verdad” creíble en un porcentaje consistente de la población.
El funcionario o gobernante pagará el precio por lo que se hace, lo que no se hace, lo que no se hizo y por lo que hicieron otros. La simple lógica supondría que un presidente de la República, un gobernador, un senador o un fiscal que llega por méritos auténticos a un alto cargo, debería considerar la comunicación en crisis como prioridad en su carrera política.
Sin embargo, por lo general, no es así, y el caso de esta columna parece un ejemplo de lo que no se debe hacer y las consecuencias que conlleva. Con el tiempo, se verá el recuento y balance de daños.
