La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México desató una fuerte polémica este sábado 4 de abril de 2026 al rechazar categóricamente las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre la crisis de personas desaparecidas en el país. El organismo autónomo acusó al cuerpo internacional de una ‘lectura sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica’, intensificando el debate sobre la situación de derechos humanos y la soberanía en la evaluación de los esfuerzos nacionales.
A través de un boletín oficial, la CNDH sostuvo que el informe de la ONU no considera los ‘elementos clave del contexto nacional’ ni los significativos avances institucionales en la búsqueda de personas. Criticó, en particular, que el comité haya privilegiado, a su juicio, las posturas de organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Centro Prodh por encima de los ‘esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años’.
La CNDH sostuvo que la decisión de la ONU parte de una ‘lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional’. El organismo autónomo criticó que el informe ‘no considera elementos clave del contexto nacional, ni los avances institucionales en materia de búsqueda de personas’. Además, la CNDH acusó al comité de privilegiar ‘posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años’. Defendió su actuación al recordar que desde 2023 ha advertido del ‘uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas’. Y arremetió contra las ONG que, según dijo, ‘lucran y politizan el tema’. Previamente, el Gobierno mexicano ya había tachado el informe del CED de ‘tendencioso’ y con ‘falta de rigor jurídico’. En contraste, Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, advirtiendo que la crisis ‘afecta a más de 132 mil familias’.
El organismo mexicano también acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado internacional, que establecen las condiciones para su intervención, argumentando que debieron agotarse primero las instancias nacionales. La CNDH hizo una distinción histórica, señalando que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012), mientras que los casos recientes, afirmó, requieren ordenar las búsquedas y fortalecer las instituciones.
Además, la Comisión subrayó una ‘contradicción’ en el informe de la ONU: por un lado, afirma no haber indicios suficientes de una política federal deliberada para desaparecer personas, pero por otro, concluye que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales. La CNDH defendió su propia labor, recordando haber emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos anteriores y otras cinco por casos recientes, abarcando desde 1958 hasta 2022 en varios estados.
El organismo también rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada y un mecanismo especial de esclarecimiento, al considerar que estas ‘reproducen fórmulas externas’ que no han mejorado la situación de derechos humanos en el pasado.
El panorama
Este cruce de acusaciones subraya la profunda división sobre cómo abordar la crisis de desapariciones en México. Mientras la CNDH y el Gobierno defienden los avances internos y la soberanía nacional, organismos internacionales y colectivos de víctimas, como Amnistía Internacional, insisten en la necesidad de una perspectiva más amplia y la aceptación de la cooperación externa. Con más de 132 mil familias afectadas según Amnistía Internacional, el debate promete continuar en un panorama complejo y polarizado, donde la búsqueda de verdad y justicia sigue siendo una prioridad urgente.
