Un enfrentamiento letal en aguas del Caribe ha encendido las alarmas internacionales. El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) confirmó que sus agentes fronterizos abatieron a cuatro tripulantes de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos frente a las costas de la provincia de Villa Clara, tras una supuesta «infiltración con fines terroristas».
El saldo oficial del choque armado, ocurrido cerca de Cayo Falcones, es de cuatro fallecidos, seis detenidos (lesionados) y un comandante de la patrulla cubana herido.
La Versión de La Habana: «Infiltración Armada»
De acuerdo con el reporte del gobierno de Miguel Díaz-Canel, la lancha fue interceptada por las Tropas Guardafronteras para una inspección rutinaria. El Minint asegura que los tripulantes —todos identificados como cubanos residentes en EE. UU.— abrieron fuego primero contra las autoridades.
Tras neutralizar la embarcación, el gobierno cubano reportó el decomiso de un arsenal táctico que incluía:
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Fusiles de asalto y armas cortas.
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Artefactos explosivos de fabricación artesanal (cócteles molotov).
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Chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.
Además, las autoridades castristas confirmaron la detención en tierra firme de un presunto cómplice que esperaba la llegada del grupo armado.
El Origen de la Lancha
La embarcación involucrada es una Pro-Line de 24 pies diseñada para pesca deportiva, registrada en Florida bajo la matrícula FL7726SH. Sin embargo, medios estadounidenses confirmaron que el propietario del bote, residente en Miami, había denunciado recientemente el robo de su lancha en un puerto deportivo de los Cayos de Florida, lo que en principio lo desvincula del tiroteo.
La Respuesta de Washington: «No confiaremos en Cuba»
La reacción del gobierno estadounidense no se hizo esperar. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el suceso como «sumamente inusual» y aclaró tajantemente que esta no fue una operación del gobierno de Estados Unidos.
Rubio advirtió que Washington no basará sus conclusiones en el relato del régimen cubano, anunciando una investigación independiente y rápida por parte de la Guardia Costera estadounidense para verificar los hechos y el estatus legal de los implicados.
Por su parte, la tensión política escaló rápidamente en Florida. El representante Carlos Giménez y el fiscal general del estado, James Uthmeier, exigieron investigaciones urgentes, calificaron el hecho de «masacre» y sentenciaron que harán todo lo posible para que el gobierno cubano rinda cuentas.
