La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció el jueves 12 de noviembre de 2026 el respaldo del Gabinete de Seguridad federal para atender la situación en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la capital poblana, aunque precisó que cualquier intervención de fuerzas federales en el penal debe ser solicitada por el gobierno del estado.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó que el penal está bajo administración del gobierno de Puebla. Señaló que el Gabinete de Seguridad mantiene comunicación con las autoridades estatales y que apoyará “en lo que se requiera” si así lo pide la administración de Alejandro Armenta. “Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”, afirmó.
Sheinbaum añadió que en los centros penitenciarios hay intervenciones permanentes de fuerzas federales para retirar teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, y mencionó la colaboración en penales de Sinaloa como ejemplo de trabajo conjunto con un estado.
Bloqueos y denuncias de cobros
La declaración llega dos días después de que familiares de personas internas en San Miguel instalaron el 10 de noviembre bloqueos en ocho puntos de la zona metropolitana, entre ellos el Periférico Ecológico, el bulevar Reforma, la autopista México-Puebla a la altura de Xoxtla, la caseta de Atlixco y Camino al Batán. Las protestas se levantaron esa misma noche tras una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación estatal.
Los manifestantes exigieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, el traslado de internos a quienes señalan de controlar el centro y atención a denuncias de extorsión. De acuerdo con testimonios de familiares recogidos por medios locales, dentro del penal se cobrarían cuotas que van de 20 mil a 300 mil pesos; estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades.
La postura del gobierno estatal
El miércoles 11 de noviembre, tras la reunión de la Mesa de Paz, el gobernador Alejandro Armenta anunció una revisión a fondo del penal de San Miguel y de otros centros penitenciarios del estado, con participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y áreas de inteligencia federales. También informó que pediría analizar el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad.
Armenta sostuvo además que los bloqueos estuvieron coordinados y que algunas personas habrían sido contratadas para permanecer en ellos, por lo que anunció una investigación para determinar quién los organizó y financió.
Por otra parte, el gobierno estatal tiene en curso una licitación para adquirir ocho inhibidores de señal celular para el penal, con cobertura para redes 3G, 4G y 5G; el fallo está previsto para el 26 de noviembre y la instalación, a más tardar el 31 de diciembre.
Hasta el cierre de esta nota, el gobierno de Puebla no había informado si presentará una solicitud formal de apoyo a la Federación tras las declaraciones de la presidenta.