La polémica surgió a raíz de un reporte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que menciona a más de mil empresas en el país (algunas constituidas en su notaría) catalogadas como "factureras" o irregulares.
Aunque el auditor David Colmenares defendió que las observaciones han disminuido en comparación con sexenios anteriores (como el de Peña Nieto), la cifra sigue siendo multimillonaria y pone el foco en las dos áreas consentidas de la "4T": las empresas estatales energéticas y las transferencias a los estados.
La confirmación oficial eleva drásticamente el perfil del caso, pues confirma la capacidad operativa de este cártel para ejecutar ataques calculados en el corazón comercial y de vida nocturna más vigilado de la zona metropolitana.
Lo que comenzó como una revisión focalizada se ha convertido en una auditoría masiva. De acuerdo con el funcionario, la muestra inicial contemplaba la revisión de 2,300 plazas; sin embargo, hace aproximadamente 12 días, se determinó ampliar la lupa a 7,000 plazas para revisar a detalle si fueron otorgadas conforme a la ley o si existen anomalías en su asignación.
