La salud financiera

También es un problema cuando no hay a la vista ingresos futuros que aseguren la realización de los pagos previstos. En este caso se ponen en riesgo el patrimonio (cuando existe) y la reputación, dificultando el acceso a crédito en el futuro. A nivel personal, está claro que endeudarse solo tiene sentido cuando es para realizar inversiones extraordinarias y que el consumo debe adaptarse a la capacidad de gasto que permiten los ingresos recurrentes. ¡Cuántas quiebras personales comienzan por el uso de tarjetas de crédito para financiar gastos de consumo que realmente no están al alcance de quien los realiza y a la realización de maromas crediticias para cubrir los pagos!

Mucho de lo dicho aplica a las finanzas de los países. La deuda pública no es siempre mala. Permite la realización de inversiones y gastos que no serían posibles en su ausencia. Las grandes obras de infraestructura generalmente se financian con deuda. Y, por ejemplo, durante la pandemia fue necesario aumentar transitoriamente el gasto en transferencias a los hogares más allá de lo que permitían los ingresos, para defender de la caída en la pobreza a los trabajadores que se quedaron sin ingreso por la parálisis de la actividad productiva, y a sus familias. En América Latina, todos los países se endeudaron. Y todos lo hicieron más o menos responsablemente, previendo un plan de pagos que, acorde con las proyecciones de ingresos, no supusiera apretar excesivamente el gasto y sacrificar bienestar en los años siguientes, o incurrir en más deuda para pagar la deuda, entrando en ese círculo de la insostenibilidad. Los países también pueden quebrarse.

Para cuidar la salud financiera de los países, que los economistas llamamos la “salud fiscal”, los Estados usualmente adoptan reglas que disciplinan a todos los gobiernos. Esas reglas fiscales toman la forma de topes a la diferencia aceptable entre los ingresos y gastos del Estado y al endeudamiento. Sirven para asegurar que ningún gobierno se endeude más allá de lo que el país puede pagar. Sin duda, a las personas nos convendría adoptar unas reglas similares, que nos protejan de los impulsos de gasto en el presente, para proteger nuestra capacidad de consumo futura.

La actividad económica mundial viene desacelerándose y esto significa el riesgo de que los ingresos de los países sean insuficientes para atender todas las necesidades de gasto. Los gobiernos se enfrentan no solo con el compromiso del servicio de las deudas adquiridas sino también con gastos inflexibles, que no pueden evitarse porque los países de detendrían. Por ejemplo, el gasto de la nómina de maestros, mal catalogada en algunos países como un gasto de inversión. Los gastos de nómina son en general gastos inflexibles. Pueden mejorarse, para lograr con ellos mejores resultados, pero no pueden desaparecerse totalmente. O los gastos que se realizan para el pago de pensiones cuando no existe un fondo de reserva con cuya rentabilidad pagar las mesadas: son otro tipo de gasto que captura una porción inflexible de los ingresos periódicos del Estado. Lo más tremendo de los momentos en que la caja se aprieta, todos lo sabemos, es que del lado del gasto se recorta primero lo que es extraordinario. Proteger la salud financiera, con frecuencia supone cambiar de planes.
Cuando se piensa en las finanzas personales o de la familia, es usualmente fácil ver lo que conviene. Tendría que ser igual de claro con las finanzas de los países: de las sendas de endeudamiento excesivo no sale nada bueno. El reto del momento en la región, además de racionalizar el gasto para que cada centavo se use de la mejor manera, es poner las economías a crecer de una vez por todas, porque la actividad económica se traduce, entre otras cosas, en mayor recaudo tributario. De golpe eso pasa por revisar con una lente nueva los impuestos que recaen sobre la actividad productiva y, en general, los marcos regulatorios que delimitan la cancha de juego en la que se materializa la actividad privada.

MARCELA MELÉNDEZ