El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras detectarse una presunta red de triangulación de recursos públicos superior a los 7 mil 200 millones de pesos provenientes del presupuesto estatal.
De acuerdo con el informe de fiscalización de la Cuenta Pública, las indagatorias federales establecen que los fondos fueron transferidos a través de empresas intermediarias y proveedores para terminar beneficiando directamente a un despacho jurídico vinculado al mandatario estatal y a su padre.
Denuncia penal contra Samuel García ante la FGR por triangulación
El titular del área de auditoría, Aureliano Hernández, confirmó que la denuncia formal contra la administración de Samuel García quedó radicada desde el pasado 16 de octubre ante el Ministerio Público Federal. La autoridad auditora identificó patrones sistemáticos de simulación de contratos y triangulación entre personas morales y físicas vinculadas con servidores públicos del estado.
Los principales ejes de la denuncia presentada en el Congreso federal abarcan los siguientes hallazgos:
- Triangulación documentada: Al menos 928.13 millones de pesos terminaron en las cuentas bancarias de la firma jurídica de la familia del gobernador.
- Adquisición inmobiliaria: Presunto uso de recursos de procedencia estatal para la adquisición de una propiedad valuada en más de mil millones de pesos.
- Simulación de operaciones: Mapeo de transferencias fraccionadas hacia empresas del ramo constructor, de alimentos y consultorías de reciente creación.
Transferencias millonarias a constructoras y despachos jurídicos
La ASF presentó ante los legisladores un esquema gráfico detallado que ilustra la ruta seguida por el dinero público:
- Primer bloque de transferencias: El gobierno estatal asignó 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, la cual dispersó 5 mil 154 millones a una segunda compañía y finalmente depositó 385.3 millones al despacho jurídico.
- Contratos comerciales y de servicios: Una comercializadora recibió 964 millones de pesos, de los cuales canalizó 202.9 millones a través de intermediarios hacia las cuentas familiares.
- Pagos adicionales de consultoría: Se identificaron pagos complementarios por 243 millones y 154 millones de pesos a compañías de servicios y equipamiento vinculadas al mismo circuito.
Implicaciones legales para el gobierno de Samuel García
El reporte de la ASF también hace referencia a investigaciones simultáneas en otras entidades federativas bajo esquemas corporativos similares, señalando que los expedientes ya obran en poder de las autoridades ministeriales para proceder con el deslinde de responsabilidades penales.
Con esta acción jurídica, la Fiscalía General de la República abrirá las carpetas de investigación correspondientes para determinar las sanciones aplicables a los funcionarios y particulares involucrados en este presunto quebranto al erario neoleonés.