La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un intenso debate de más de tres horas entre el bloque oficialista y la oposición, centrado en los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Mientras Morena y sus aliados defendieron la medida como un avance democrático, legisladores del PRI y el PAN advirtieron sobre riesgos de censura y coacción a la libertad de expresión.
Morena defiende la regulación y exige «dejar de mentir»
Representantes de Morena y el Partido del Trabajo (PT) acusaron a la oposición de impulsar una campaña de desinformación al calificar los lineamientos como una «ley mordaza». Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, arremetió contra panistas y priístas, señalando su historial de represión: «Quienes censuraron fueron priístas y panistas. No sólo mandaban matar periodistas, sino también a líderes que se atrevían a hablar».
Por su parte, la senadora Verónica Camino recordó que en 2017 se aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que ya contemplaba el establecimiento de códigos de ética y defensores de audiencia, misma que fue celebrada en su momento por el PAN. «¿Por qué dicen que es censura? Hipócritas, mentirosos», exclamó Camino desde la tribuna, asegurando que la intención es diferenciar claramente entre información y opinión.
El senador morenista Gerardo Fernández Noroña respaldó la iniciativa, argumentando que algunos medios «mienten, intrigan y tergiversan» en perjuicio de la ciudadanía. Subrayó que los lineamientos únicamente exigen transparencia informativa y la figura del defensor de las audiencias.
La oposición advierte sobre autocensura y autoritarismo
Desde el bloque opositor, el tono fue de alerta máxima. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, advirtió que la principal repercusión de esta normativa será la autocensura de los medios informativos ante el temor de enfrentar multas multimillonarias, comparando la situación con regímenes autoritarios en otras partes del mundo.
En la misma línea, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, afirmó que el proyecto excede las facultades del Congreso y otorga al gobierno un poder desproporcionado. «Permitirá al gobierno determinar qué información considera falsa o descontextualizada, como lo hacía Stalin», advirtió Moreira.
Manuel Añorve, coordinador de los senadores priístas, sumó preocupación al señalar recientes declaraciones de funcionarios oficialistas en Veracruz, sugiriendo que desde el gobierno se pretende catalogar y definir quién ejerce o no el periodismo legítimo.
La confrontación refleja la profunda polarización respecto a los límites de la regulación mediática, dejando abierto el debate sobre el equilibrio entre los derechos de las audiencias y la libertad editorial de los medios de comunicación en México.
