El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha delineado la estrategia jurídica de su administración para lograr la salida de la empresa Agua de Puebla para Todos (Concesiones Integrales SA de CV) como operadora del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap). El mandatario confirmó que buscarán el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir el contrato, evitando así el pago de la penalización de 8 mil millones de pesos que costaría su anulación.
Durante una conferencia de prensa, Armenta explicó que, por el momento, la estructura operativa continuará bajo el control de la empresa privada. «Claro que la empresa incumple… pero existe una penalización si se quita una concesión y tenemos que actuar responsablemente. Estamos atendiendo jurídicamente el caso y avanzando en el proceso», señaló, al argumentar que el estado carece de la capacidad financiera para rescindir el contrato firmado en 2012 durante el mandato de Rafael Moreno Valle.
Distribución de agua ante deficiencias del servicio
El mandatario criticó severamente el modelo actual: «Un gobierno depredador, corrupto y saqueador privatizó el derecho al agua y lo convirtió en una mercancía donde solamente se benefician unos cuantos». Aseguró que la situación actual es diferente y que, bajo la Consejería Jurídica del Estado, impedirán que la población continúe pagando por un servicio calificado como deficiente.
En paralelo a la ruta legal, la Secretaría de Bienestar estatal ha iniciado un programa emergente de distribución de agua potable. Con una flotilla de 100 pipas, se espera repartir hasta 412.8 millones de litros a colonias sin suministro regular durante lo que resta de 2026. Este esfuerzo beneficiará a más de 36 mil familias, primordialmente en la zona sur de la capital poblana, donde la concesionaria no ha desarrollado la infraestructura a la que estaba obligada.
El gobernador rechazó que este programa de abasto mediante pipas, liderado por la titular de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, tenga un trasfondo electoral. «Nosotros estamos ayudando porque es cumplir con un derecho constitucional. Lo importante es que la gente tenga agua», concluyó Armenta, criticando a quienes «hacen negocio con el agua» y ahora cuestionan las acciones del estado.
