Salud 
El sistema de salud colombiano, a pesar de ser uno de los mejores de América Latina –y uno del cual los ciudadanos se enorgullecen callada o abiertamente– siempre ha sido motivo de diatriba. Hoy se encuentra en un impasse decisivo.
En materia de políticas públicas no hay nada que no sea mejorable y lo usual es que el ciudadano de a pie reclame de sus gobernantes mecanismos de sostén social que funcionen eficientemente. Pero ocurre que en lo que va del gobierno de Gustavo Petro las mediciones de satisfacción del desempeño del sector salud indican que en este momento hay 55% más quejas sobre su funcionamiento que con anterioridad a esta administración.
No es la intención de este artículo hacer una disección del sector sino evidenciar la forma en que el actual gobierno ha estado actuando para debilitar una de las instituciones y esquemas del espectro colombiano que mejor funciona. Porque lo que si es generalizado y compartido por parte los administrados es el sentimiento de que existe un plan deliberado de parte del presidente de destruir lo existente, sin tener armado un plan de fortalecimiento de lo que funciona y el mejoramiento del esquema en favor de la ciudadanía más vulnerable.
La realidad es que para el momento de la accesión de Gustavo Petro al poder los indicadores eran satisfactorios. El sistema de salud era el sexto en calidad en el continente con una cobertura de 95% de la población. Un monto equivalente a más de 7% del PIB colombiano se dedica al sistema sanitario lo que resulta ser una proporción a envidiar por parte de cantidad de países.
Así que las reservas que existen de parte de cada uno de los sectores relacionados con ella –usuarios, intermediarios, reguladores, farmacias– no tienen que ver con los montos que se le asignan, sino con su administración y se acusa al gobierno de intervenirlo con intenciones manipuladoras electoralistas o de corrupción.
El sistema dual –contributivo para las personas que pueden cotizar y subsidiado para la población de bajos recursos–sí ha conseguido dar cobertura a la casi totalidad de la población, pero en su aplicación ha tendido a crear una brecha entre dos estratos poblacionales. Mientras los primeros se benefician de una mayor inversión y mejores condiciones, la población de bajos recursos suele enfrentar demoras, limitaciones en el acceso a tratamientos especializados y, en ocasiones, problemas de cobertura que ponen en riesgo su derecho a la salud.
La idea, tras las reformas propuestas por Petro, ha sido la de transformar un esquema mixto que combina aportes estatales con la participación de intermediarios privados que, con sus ineficiencias, funcionaba, en uno donde se garantice el control estatal. Ello ha conseguido instalar la desconfianza en la población desde el inicio del gobierno toda vez que los cambios propuestos no respetan nada de lo preexistente. Preconizaban, abiertamente, la modificación de la forma en que se asignan y administran los recursos, la reducción del papel de las aseguradoras privadas y la instauración de nuevos mecanismos de remuneración para profesionales y entidades prestadoras del servicio.
Este modelo centralizado busca, en el ideario presidencial, una mayor equidad en el acceso a la salud, pero en la práctica lo que ha generado es incertidumbre y desconfianza. Del lado de la oposición política, el malestar social ha sido combustible para alimentar la diatriba contra el gobierno y protestar en contra de sus inclinación totalitarias y estatizantes.
El gobierno, en esta hora dy París legislativa, no cuenta con capacidad para construir consensos políticos ni de organizar una respuesta a favor de parte de la sociedad civil. Así que el escenario más probable es el del estancamiento de la propuesta petrista que cursa en el Congreso y el de la continuación de la diatriba.
Este, el esquema de salud, ha sido por largo tiempo uno de los pilares del bienestar social en el país. La cuenta regresiva continúa: Gustavo Petro terminará por destrozarlo.
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