Congreso de México debatirá este martes polémica reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO – La Cámara Baja del Congreso de México está programada para abrir el debate el martes sobre una controvertida reforma judicial y se espera que apruebe la legislación más adelante en la semana, dijo el domingo Ricardo Monreal, líder del partido gobernante en la cámara.

La reforma judicial, propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, provocó una huelga de trabajadores judiciales, tensó las relaciones con Estados Unidos y asustó a los inversores extranjeros.

La columna vertebral de la reforma constitucional sería la elección de más de 7.000 jueces y magistrados por voto popular. Reduciría el número de jueces de la Corte Suprema de 11 a 9 y acortaría sus mandatos de 15 a 12 años. También crearía un nuevo organismo para supervisar a los jueces.

Los partidarios de la reforma dicen que es necesario abordar el alto nivel de impunidad por crímenes violentos en México.

Monreal dijo el domingo que los legisladores debatirían y votarían la reforma el martes y miércoles y luego enviarían la legislación al Senado. El partido gobernante Morena y sus aliados tienen una supermayoría de dos tercios en la Cámara Baja y sólo les falta un escaño en el Senado.

El domingo, estudiantes universitarios y trabajadores judiciales protestaron frente a la sede del Senado en oposición a las medidas.

Obrador dice que las reformas son necesarias porque el sistema judicial «no está al servicio del pueblo» sino que «responde a los intereses del crimen organizado».

Pero los expertos dicen que gran parte de esta impunidad está impulsada por los fiscales, la policía y las fiscalías generales a nivel estatal, que tienen recursos limitados y cuyas oficinas a menudo están plagadas de corrupción. Estas entidades no se verían afectadas por la reforma judicial.

Los sindicatos que representan a los trabajadores judiciales dicen que los cambios propuestos pisotearían los derechos laborales y que la elección popular de jueces corre el riesgo de permitir que intereses especiales -incluidos grupos criminales- tomen el control del poder judicial. REUTERS