Los hechos se registraron el pasado 20 de junio, cuando pobladores de Totalco realizaban una manifestación en la carretera Perote-Puebla.
El gobierno del estado mexicano de Veracruz anunció la disolución de la Fuerza Civil, grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego del fallido y violento operativo de desalojo que se registró el jueves de la semana pasada en el poblado San Antonio Limón Totalco, del municipio de Perote, que dejó un saldo de dos campesinos muertos.
“Este gobierno anuncia la desaparición de la corporación de Fuerza Civil como dirección operativa. Por lo que se ha instruido iniciar el proceso de su extinción y se obtenga de esta manera un mando único operativo en una sola Dirección dependiente directamente de la Subsecretaría de Operaciones dentro de la SSP”, informó, mediante un comunicado publicado en Facebook la Secretaría de Gobierno estatal.
De acuerdo con la institución, la medida se llevará a cabo “en los tiempos que no interfieran en las investigaciones que las fiscalías realizan actualmente”; e indicó que “los derechos policiales de los elementos, así como los laborales del personal administrativo, se preservarán”.
Los hechos se registraron el pasado 20 de junio, cuando pobladores de Totalco realizaban una manifestación en la carretera Perote-Puebla con la que exigían la salida de Granjas Carroll de la zona, empresa a la que responsabilizan por el problema de falta de agua, refiere La Jornada.
Elementos de la Fuerza Civil —corporación creada en 2014— acudieron a la protesta y reprimieron de forma violenta a los manifestantes, incluso con armas de fuego, dejando dos muertos y varios heridos.
“El gobierno de Estado de Veracruz reitera que reconoce la importancia de que se esclarezcan por completo los hechos [..] Somos los más interesados en ello y que se proceda con justicia”, dice el comunicado.
Debido a que el 1 de marzo de 2023 la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente sancionó a Granjas Carroll por incumplimiento de medidas para evitar la contaminación, el gobierno indicó que solicitará una verificación inmediata al respecto y, en caso de irregularidades, impondrá sanciones “ejemplares”.
Adicionalmente, gestionará la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para inspeccionar a la empresa y verificar el cumplimiento de la norma de competencia federal, en respuesta a la petición hecha por los pobladores.
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