REFORMA ELECTORAL: EL PODER ATRINCHERADO.

EN REGLA

REFORMA ELECTORAL:
EL PODER
ATRINCHERADO.

Las reglas que rigen los procesos y el sistema electoral no son neutras, sino determinantes de los resultados. Cuando un partido político o coalición obtiene más del 61% de los representantes en una de las cámaras del congreso, y más del 53% en la otra, con sólo el 43% de los votos, se pone de manifiesto que la integración de los poderes públicos no surge automáticamente del voto. La forma como los votos son procesados y tamizados  mediante  mecanismos  más  o  menos complejos  que  los  traducen  en  posiciones  de gobierno o representación es un elemento crucial de todo sistema electoral.

El impacto de las reglas sobre los procesos y los resultados hace de su determinación un terreno en disputa. En México, desde fines de la década de los setenta del siglo pasado arrancó un proceso de transición a la democracia construido a partir de la interacción plural de ciudadanos, gobierno y partidos políticos. La transición fue posible gracias a la creación de instituciones confiables y un progresivo cambio de reglas para garantizar la integridad de los resultados y construir un sistema más representativo de la pluralidad democrática.

El  sistema  que  hemos  construido  ha  arrojado alternancia en tres de las últimas cinco elecciones presidenciales. Hoy la integración de las cámaras del congreso no sólo refleja de manera muy aproximada la proporción de votos obtenida por cada partido político o coalición en las elecciones más recientes, sino que las integra de manera paritaria entre respecto de la diversidad y pluralidad de modos de pensar y de vivir. El ejercicio del derecho al voto libre se encuentra ampliamente  garantizado  y  cuenta  con mecanismos de protección que satisfacen exigentes estándares internacionales.

Los votos se depositan de manera transparente y son computados de manera confiable por la propia ciudadanía. Además, hay mecanismos de revisión que permiten combatir eficazmente errores o vicios en los cómputos.

El sistema no es perfecto, ninguno lo es. Pero arroja resultados altamente confiables que pueden ser revisados, corregidos o invalidados cuando existen causas objetivas y suficientes. La historia reciente no ha estado exenta de alegatos de fraude electoral, pero sí de fundamento y evidencia que lo demuestren. En los casos en que ha existido evidencia de vulneración grave y determinante para los resultados, se ha llegado a declarar la nulidad de elecciones.

Las continuas reformas electorales que impulsaron nuestra transición a la democracia han sido exitosas en  su  mayor  parte.  Aunque  no  han  faltado insuficiencias, fallas o retrocesos, hoy el sistema funciona y lo hace de manera altamente eficiente para organizar elecciones libres, auténticas y periódicas con resultados confiables.

Las mayores amenazas para la calidad de nuestras elecciones y nuestra democracia no son el árbitro, ni las reglas, ni la cancha. El talón de Aquiles son los jugadores, especialmente algunos de ellos. Las reglas y las instituciones democráticas no han permeado a las raíces y cultura autoritarias de nuestros partidos, especialmente de aquellos que añoran las viejas estructuras de poder hegemónico y abiertamente buscan su reconstrucción.

Jugadores  incapaces  de  reconocer  y  respetar resultados adversos actúan desvergonzadamente en contra de las reglas. Además, desde el poder político, intentan  debilitar,  deslegitimar  y  vulnerar  la autonomía de las autoridades electorales. Suelen transgredir  descaradamente  las  reglas  y  luego cuestionar la imparcialidad de los árbitros que las aplican.

Los partidos exigen reglas democráticas, mientras internamente actúan de manera profundamente antidemocrática. En ellos suele clausurarse el debate interno,  sancionarse  el  disenso  e  impedirse  la competencia en favor de las decisiones cupulares y las oligarquías partidistas. Reclaman transparencia, pero actúan en la opacidad. Sin perder de vista que todo es perfectible y que las instituciones y reglas también requieren mantenimiento y mejora, la reforma urgente no  es  la  relativa  al  sistema  o  procedimientos electorales. En todo caso, es el sistema de partidos y el comportamiento de los contendientes lo que requiere profunda revisión.

La reciente iniciativa presidencial en materia electoral, lejos de hacerse cargo de la enfermedad, es uno de sus más  notorios  síntomas.  Contra  el  consenso democrático de anteriores reformas, representa la imposición cupular. No sorprende que los partidarios del gobierno, desde la presentación de la iniciativa, estén llamando traidores a quienes no la ven con simpatía. Sus ejes son claros y todos tienden al mismo punto: concentración de poder.

Frente al federalismo, la reforma es profundamente centralista.  Respecto  de  la  autonomía  de  las autoridades electorales, abiertamente tiende a la revancha y a la captura. En lo concerniente a la autonomía del poder legislativo, pretende fortalecer su control hegemónico. Por lo que atañe a la pluralidad política, descaradamente busca la asfixia financiera de la oposición y el debilitamiento de su presencia parlamentaria.

La iniciativa no solo ignora la principal debilidad de nuestra democracia, la acentúa. No busca corregir posibles vicios o subsanar deficiencias. En sentido contrario a las reformas electorales de la transición, que buscaban blindar la pluralidad democrática frente al poder, la iniciativa presidencial pretende atrincherar al poder frente a la pluralidad democrática y el riesgo de la alternancia.