El pasado 24 de mayo de 2024, el Presidente de la República expidió la Directiva No. 04 dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y entidades del orden nacional, con lineamientos para la estrategia institucional de defensa en procesos penales por actos de corrupción, mediante la coordinación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Esta instrucción complementa la Directiva Presidencial No. 3 del 16 de mayo de 2024 con la cual se creó la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, integrada por diferentes ministros y funcionarios de entidades nacionales para articular a las entidades en esa “lucha”. ”.
Por supuesto son válidos todos los esfuerzos y la coordinación interinstitucional para enfrentar y doblegar a los corruptos, pero las medidas que se anuncian no cuentan con la contundencia necesaria para prevenir la corrupción, pues el verdadero éxito es evitarla y no solo anunciar grupos de trabajo e investigaciones para defender al Estado cuando ya se han producido los hechos.
En el Gobierno anterior no solo ya habíamos propuesto la creación del Bloque de Búsqueda para perseguir a los corruptos, sino que dejamos creada y funcionando una red interinstitucional de prevención de la corrupción con 280 entidades de la Rama Ejecutiva a través del ‘compliance’, para que coordinarán el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, ordenando sus esfuerzos mediante la transparencia para impedir a tiempo los propósitos de los corruptos. Esta y más de 50 iniciativas se convirtieron, bien en normas legales o, de política pública, mediante la Ley 2195/22; el Dic 830/21; el Conpes 4142/ 21 etc. Luego de 22 meses de este gobierno, las normas e instrumentos diseñados o no arrancan, o van a paso de tortuga en la Secretaría de Transparencia y el Dapre. De tal manera que las supuestas novedades de estas directivas presidenciales a casi dos años de iniciada la administración Petro, no los son.
Ya la Comisión Nacional de Moralización había sido creada por la Ley 1474 de 2011, no solo con funcionarios que dependían del Presidente, sino por el Procurador, el Contralor, el Fiscal y representantes de las altas Cortes. Deberían informar al país cuántas veces se ha reunido en este año, con tantos escándalos, esa comisión. ¿Qué temas se han tratado? ¿Qué iniciativas gubernamentales se han ofrecido a los organismos de control para la mayor eficacia en la gestión de todos y qué medidas han adoptado para afrontar tan grave crisis de corrupción en el Estado?
Cuando ya bordeamos la mitad del período presidencial, no suenan convincentes pero sí oportunistas los anuncios de las directivas presidenciales coincidiendo con uno de los peores de los muchos escándalos de corrupción de este gobierno. Según confiesan los exfuncionarios nombrados por el presidente Petro, se robaron alrededor de 380.000 millones de pesos de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), para pagar coimas a congresistas a cambio de su voto para aprobar la agenda legislativa del Gobierno. Esta situación no solo atenta contra el patrimonio del Estado y la moralidad pública, sino que cuestiona directamente la legitimidad democrática de las reformas tramitadas en el Congreso en esas condiciones.
Este gobierno se hizo elegir desde la resistencia provocando un estado de desconfianza sin precedentes contra los funcionarios del pasado y con una campaña altamente efectista y agresiva a través de bodegueros en redes sociales, descalificando como corruptos a sus oponentes ya buena parte de la clase política colombiana. , a pesar de que ya desde la campaña se les veía en videos con cajas de dinero en efectivo. Los escándalos de corrupción de esta administración cuestionan la financiación misma de la campaña con dineros no reportados o de dudosa procedencia, así como denuncias de maletines llenos de dinero manejados por funcionarios del alto Gobierno.
La lucha contra la corrupción no es cuestión de discursos ni de más directivas y si las hubiere, deben recordar y exigir a todos los funcionarios del Estado el cumplimiento del cuerpo de medidas expedidas durante los últimos años. Se necesita la verdadera determinación política de quien gobierna para prevenir cualquier acto contrario a la ética, poniendo lupa a las actuaciones de todos los funcionarios para que no quede duda del talante y el compromiso y, sobre todo, sometiendo de inmediato al escrutinio de las autoridades. los casos que se lleguen a presentar.
Desafortunadamente estas situaciones tan graves se han conocido por denuncias de los medios de comunicación, pero no por iniciativas gubernamentales como ha debido ser, para quienes generaron la expectativa de acabar con el clientelismo y las corruptelas que muchas veces en el pasado han explicado el trámite de proyectos. de ley en el Congreso.
El presidente Petro tiene la responsabilidad política de lo que sucede en su Gobierno, sin perjuicio de la responsabilidad jurídica que les quepa a él oa sus funcionarios por las denuncias que son materia de investigación. Es inadmisible y casi infantil que se siga encontrando a otros culpables con excusas del tipo “yo no lo crie” o “ese funcionario no es de mi partido”.
La defensa de las entidades, la del patrimonio del Estado y la construcción de la confianza ciudadana no se logran con directivas de papel, sino con la designación de funcionarios con experiencia, conocimiento y ética comprobada en el manejo responsable de los recursos públicos para servir al bien común en cumplimiento de sus funciones legales. El Presidente debe hacerse responsable por los servidores públicos que designa directamente para los cargos a los que se les confía tan importantes tareas del Estado y que están defraudando las expectativas de la sociedad.
¿Será que así pretenden convencernos de que el manejo de los recursos de la salud estará en mejores manos al pasarlos a la clase política con la que está gobernando?
MARTA LUCÍA RAMÍREZ
