El presidente de la República está enojado… pero quizás, sobre todo, con él mismo.
Pocas jugadas en su sexenio sufrieron las fallas que tuvo su proyecto en la Cortelo que ahora inútilmente pretende remediar.
Pero, vamos por partes.
De acuerdo con el calendario, el presidente López Obrador desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, tenía la posibilidad de sustituir a tres ministros de los 11 que conformaban el Pleno de la Corte.
Adicionalmente, tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Moraaprobada en octubre de 2019, había la posibilidad de nombrar a cuatro.
Pero, además, quien llegó a la presidencia de la Corte en enero del 2019, Arturo Zaldívar, era desde tiempo atrás, un aliado muy cercano de López Obrador.
Es decir, AMLO podía haber tenido de su lado a cinco ministros.
Aunque no fuera la mayoría de la Corte, ese número le permitía controlar los procedimientos para declarar inconstitucional alguna legislación.
Aunque en las elecciones del 2018, Morena y sus aliados lograron obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no pasó lo mismo en el Senado.
Esto implicaba que las propuestas de reforma constitucional planteadas por el gobierno tenían que negociarse.
Y, aunque en el Senado, Ricardo Monreal hizo un destacado trabajo, no podía darse por descontado que las reformas constitucionales pasaran.
Así que, un recurso que tenía AMLO para cambiar las reglas del país, era modificar leyes secundarias, aunque fueran contrarias a los preceptos constitucionales, para lo cual no tenía restricciones, pues bastaba la mayoría absoluta que tenía en las dos cámaras, con la intención de que la Corte no rechazara las reformaspues el procedimiento para declarar inconstitucional una ley requiere de una mayoría calificada de 8 ministros en la Corte, la que no se habría de conseguir si 5 estaban a favor de AMLO:
El problema para López Obrador tuvo nombres y apellidos.
Dos de las personas que él propuso y llegaron a la Corte, asumieron que tenían responsabilidad con el país y no con AMLO.
Se trató del ministro Juan Luis González Alcántara y de la ministra Margarita Ríos Farjat.
Ellos dos echaron por tierra la estrategia.
González Alcántara fue el primer ministro propuesto por AMLO y se integró a la Corte en diciembre de 2018.
Tras la salida de Medina Mora en diciembre de 2019, Ríos Farjat, la primera Jefa del SAT en este gobierno, fue nombrada ministra de la Corte.
En marzo de 2019, Yasmín Esquivel ya había sido nombrada ministra. Y finalmente, en noviembre de 2021, fue designada para el máximo tribunal Loretta Ortiz.
Pues resulta que el bloque de cinco que esperaba López Obrador no se configuró.
Ríos Farjat y González Alcántara votaron de acuerdo con su criterio y no con las consignas del presidente.
Se definió entonces una Corte en la cual solo había tres personas que eran incondicionales al Ejecutivo: Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Eso implicaba que existía el riesgo de que leyes que se consideraban violatorias de la Constitución no fueran avaladas por la Corte, lo que sucedió notoriamente con el llamado Plan B en materia electoral.
Y esta circunstancia se agravó cuando la ministra Norma Piña ganó la presidencia de la Corte.
Piña es una jurista que tiene una larguísima trayectoria en el Poder Judicial. Honesta por los cuatro costados y con una verticalidad rara en el Estado mexicano.
No se rinde a presiones ni se deja impresionar por los fastos del Poder Ejecutivo.
Era alguien que se podría enfrentar, sin temor, al presidente López Obrador y para mala fortuna del Presidente, los ministros la eligieron.
En estas circunstancias, AMLO no podía dejar que la Corte siguiera operando sin ninguna restricción.
Además de realizar todo este año una campaña en contra del Poder Judicial, el Ejecutivo operó para instrumentar un fuerte recorte presupuestal al Poder Judicial, que va a comenzar cancelando 15 mil millones de pesos acumulados en fideicomisos.
Pero, va a ir más allá.
Como le he comentado en este espacio, la Corte se va a defender en coordinación con legisladores de la oposición, lo que ya fue incluso reconocido el viernes pasado por el Presidente.
Más allá del tema de los fideicomisos, en noviembre habrá de operarse un fuerte recorte presupuestal, del que también se va a defender la Corte, por el mismo procedimiento.
Ya le he comentado que el escenario más probable es que la defensa legal que va a hacerse impida que se concreten ni la eliminación de los fideicomisos ni el recorte. Ante ello, el objetivo presidencial será desacreditar al máximo tribunal con objeto de debilitarlo.
La contienda principal, en contra de lo que parece, no es por el dinero, sino por la credibilidad y el prestigio.
Y, en esa pelea, la Corte tendrá que hacer más que “hablar por sus sentencias”, como dijo la ministra Piña, sino hacerlo también con argumentos y palabras, si no quiere que el Ejecutivo los avasalle.
