Salud
El modelo de salud pública que ideó el presidente César Gaviria está a punto de desaparecer, no obstante ser la mayor conquista social de los últimos 30 años, con una cobertura de aseguramiento “por encima del 95 %”, según lo acepta la ponencia de la reforma que se discute, lo que contrasta con el estado de la seguridad social de la región. Aun así, se insiste en acabar la virtuosa alianza público-privada existente y entregar al bolsillo gubernamental los billonarios recursos del sistema.
El ciudadano debería conocer lo que sigue, de manera simple, más allá de debates técnicos. ¿Qué le pasará mañana a él y a su familia, cuando tengan que acudir a un servicio médico u hospitalario? El fondo de la discusión no consiste, para él, en dilucidar si el proyecto que se tramita corresponde o no a una ley estatutaria, asunto que en últimas dirimirá la Corte Constitucional. Igual será inconstitucional, a lo que también contribuirá el hecho de que el Congreso pretermita conscientemente la exigencia del aval fiscal.
Lo más importante radica en saber que, en adelante, para obtener una cita médica tendremos que pasar por un Centro de Atención Primaria (CAP), algo muy parecido a los viejos “puestos de salud”, donde el paciente padecerá colas infinitas. Según el artículo 6.º del proyecto, allí se ofrecerá “prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y muerte digna”. Por fortuna no se ofrece “muerte indigna”. El paciente tendrá que acudir al CAP de su residencia en el que se haya registrado previamente o en el más cercano a su lugar de trabajo –si existe disponibilidad, según la propuesta– y solo excepcionalmente podrá hacerlo en otro diferente, a voluntad del Gobierno, que por esta vía termina haciendo un empadronamiento poblacional, muy propio de sistemas autoritarios.
Si el tratamiento requiere mayor atención, el paciente será remitido a los servicios de mediana y alta complejidad. Inicialmente se sostuvo que para racionalizar el acceso a ellos, solamente los CAP podrían remitir al servicio hospitalario, seleccionando para cada paciente el centro de tratamiento, por lo cual un médico particular jamás podría hacer una remisión clínica. En el texto que se discute no está claro el asunto. Si queda a merced de la reglamentación gubernamental, de seguro se prohibirá la libertad ciudadana de acceder a un centro hospitalario de elección. Solo se sabe, por ahora, que los servicios sanitarios serán “con calidad, equitativos, integrales, integrados, oportunos y continuos”. Mucho epíteto, que solo genera sospecha.
En adelante, para obtener una cita médica tendremos que pasar por un Centro de Atención Primaria (CAP), algo muy parecido a los viejos ‘puestos de salud’, donde el paciente padecerá colas infinitas
Las droguerías pasarán a ser Gestores Farmacéuticos, un nombre muy pinchado, detrás del cual se busca someterlas a las regulaciones y supervisión del Ministerio de Salud. Eso sí, se anuncia el gran beneficio de que los pacientes no tendrán la carga administrativa de recoger sus medicamentos que se suministren por entregas, porque en el futuro lo harán directamente los CAP. Me imagino los pacientes en la puerta de sus casas, rogando por su medicina.
En su esencia, se acaban las EPS, que podrán convertirse en Gestoras de Salud y Vida, con la colombina de que obtendrán comisiones hasta del 8 %, que hoy no tienen. ¡Insólito! La gestión integral de los riesgos del sistema de salud se le entrega al eficiente Estado. Al desaparecer la intermediación privada en los dineros de la salud, es previsible que será más caótico el pago a hospitales y clínicas.
Por lo demás, se compromete la solidaridad del actual sistema, que consagra subsidios cruzados y la unidad de pago por capitación, que aún está en veremos. Sería una pena que, al final, la decisión de los congresistas esté determinada por las mieles de la gobernabilidad y por el informe de ponentes, cuya autoría tiene la impronta ideológica de sus autores: Martha Alfonso Jurado, activista tolimense de derechos humanos; Alfredo Mondragón, líder del “estallido social” en el Valle; Germán Gómez López, guía turístico del partido de las ex-Farc, y Juan Carlos Vargas, líder social del sur de Bolívar. Como vamos, el futuro de la salud dependerá de la novena al Milagroso.
Taponazo. Todos (-1) repudiamos el terrorismo y nos solidarizamos con el pueblo judío.
NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
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