El debate entre el Gobierno Federal y el Poder Judicial se ha calmado tras semanas de tensiones. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha respondido positivamente a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta sugería utilizar los 15.000 millones de pesos provenientes de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para ayudar a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La magistrada, a través de un oficio, expresó su disposición a esperar las instrucciones del presidente para establecer los términos del acuerdo y contribuir a la reconstrucción de la zona afectada.
Norma Piña hizo hincapié en la importancia de salvaguardar los derechos de todos los miembros del Poder Judicial. Asimismo, mencionó los esfuerzos de su administración en una reingeniería de los fideicomisos y el presupuesto asignado para asegurar estos derechos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Todo ello en pro de otros fines sociales, como el apoyo a los damnificados, señalando la necesidad de establecer un diálogo entre ambas instituciones para definir los términos del acuerdo.
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la propuesta para que los 15.000 millones de pesos de los fideicomisos extinguidos sean destinados a los damnificados del huracán Otis, especialmente a los afectados en Acapulco, Guerrero. La propuesta surgió en medio de una disputa legal protagonizada por empleados sindicalizados y de confianza del Poder Judicial, que buscan detener los efectos de la reforma que eliminó los fideicomisos y que argumentan afecta sus derechos laborales. En este contexto, el presidente desafió a los servidores públicos del poder judicial a aceptar su propuesta para mejorar la percepción pública sobre estos organismos, aunque afirmó que los recursos relacionados con pensiones complementarias y servicios médicos extraordinarios no son esenciales, ya que cuentan con un presupuesto destinado a sus gastos en 2024.
López Obrador propuso que los integrantes del Poder Judicial formen parte de un comité que supervise la aplicación de estos recursos en beneficio de los damnificados, retando además a disminuir los salarios de los miembros con mayores ingresos, lo que permitiría ajustar los gastos y destinar los remanentes a las prestaciones que se verán afectadas por la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En respuesta a las amenazas de acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos de oposición y a los amparos presentados por los trabajadores, López Obrador cuestionó la posible injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los recursos de inconstitucionalidad. Instó a cuidar la imagen y el prestigio de la institución y a evitar su deterioro.
