CIUDAD DE MÉXICO.- El sábado 2 de mayo de 2026, el escenario político y judicial en México dio un giro significativo para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Arturo Zaldívar, ministro en retiro y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, confirmó que Rocha Moya ha perdido su fuero constitucional tras solicitar licencia a su cargo, lo que lo deja expuesto a ser detenido en cualquier momento.
A través de su cuenta en la red social X, Zaldívar detalló que la inmunidad procesal, comúnmente conocida como ‘fuero’, no es una protección personal, sino una salvaguarda para la función que ejerce un servidor público. Al separarse de su cargo mediante una licencia, la función deja de ser ejercida y, con ella, la protección.
‘Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo ‘fuero’.’
‘La inmunidad procesal, mal llamada ‘fuero’, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución’, publicó.
El exministro enfatizó que existen precedentes del Poder Judicial de la Federación que respaldan esta interpretación. La lógica es clara: la protección está ligada al ejercicio del cargo, no a la persona una vez que este ha sido temporalmente abandonado.
‘El ‘fuero’ protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido’, señaló Zaldívar.
Esta revelación cobra particular relevancia dado que, desde el pasado 28 de abril, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional de Rubén Rocha Moya y otras nueve personas con fines de extradición, acusándolos de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha determinado si concederá la solicitud del gobierno de Donald Trump, argumentando la falta de pruebas, un requisito que no está explícitamente establecido en el tratado de Extradición con EU ni en la Ley de Extradición Internacional vigente para emitir una orden de detención provisional.
El panorama
La situación legal de Rubén Rocha Moya se complica considerablemente. Al carecer de fuero, la FGR no necesitaría un proceso de desafuero si decidiera proceder con la detención solicitada por Estados Unidos. El futuro inmediato del exgobernador pende de la decisión de la FGR y de la validez de los argumentos presentados por la administración estadounidense, abriendo un capítulo de incertidumbre jurídica para el político sinaloense.
