Comité de la ONU lleva crisis de desaparecidos en México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, marcando un hecho inédito en el derecho internacional al aplicar por primera ocasión el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Comité de la ONU lleva crisis de desaparecidos y señala fallas sistemáticas
Durante la sesión celebrada ante la Tercera Comisión en Nueva York, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán, expuso que el análisis de expedientes, testimonios y acciones urgentes documentadas desde 2012 revela indicios fundados de que este flagelo presenta patrones generalizados y sistemáticos en territorio mexicano.
El organismo internacional advirtió que la persistencia de altos índices de impunidad, la crisis en materia forense y los señalamientos de complicidad entre autoridades locales y grupos del crimen organizado ameritan un examen exhaustivo por parte del pleno de la comunidad internacional.
Ejes centrales del informe presentado en Nueva York
El documento presentado ante las representaciones diplomáticas hace un llamado urgente a robustecer los mecanismos de búsqueda e investigación científica.
Entre los señalamientos prioritarios del organismo multilateral destacan:
- Aplicación histórica del artículo 34 ante la presunción de conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
- Urgencia de fortalecer la cooperación técnica internacional en identificación y genética forense.
- Garantías plenas de protección para colectivos de búsqueda, madres rastreadoras y defensores de derechos humanos.
Respuesta y postura del Estado mexicano
En este escenario, mientras el Comité de la ONU lleva crisis de desaparecidos a la tribuna global, el Gobierno de México ha sostenido que las valoraciones del organismo resultan parciales al desestimar las acciones institucionales implementadas para atender la problemática.
Las observaciones clave en torno a la actuación gubernamental comprenden:
- Despliegue de los programas prioritarios de búsqueda generalizada y confronta de registros administrativos.
- Inversión federal para mejorar la capacidad tecnológica de los centros regionales de identificación humana.
- Apertura a la cooperación internacional condicionada al respeto de la soberanía nacional y la autodeterminación.
La discusión en la Asamblea General abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado mexicano y el sistema multilateral de derechos humanos, colocando en el centro del debate la exigencia de verdad y justicia para las miles de familias de personas desaparecidas.
