Armenta desmiente persecución política en embargo a TV Azteca Puebla; procedimiento fue a solicitud del SAT

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En un pronunciamiento reciente, el gobernador Alejandro Armenta Mier desmintió categóricamente que la notificación de embargo a las instalaciones de TV Azteca Puebla sea una ‘persecución política’ o una represalia directa de su administración. La aclaración se dio en entrevista, previo a la concentración masiva en el zócalo capitalino en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Armenta Mier puntualizó que el procedimiento contra la televisora responde exclusivamente a un asunto de carácter laboral y fiscal. Según sus declaraciones, la intervención de la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal no fue una iniciativa propia, sino el cumplimiento de un requerimiento explícito del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El gobernador explicó que TV Azteca Puebla mantiene deudas pendientes con sus trabajadores, situación que el SAT reportó y solicitó que se realizara el procedimiento de embargo correspondiente. ‘Ese es un tema laboral. Esa empresa televisora tiene adeudos con trabajadores; el SAT lo reportó y el SAT nos solicitó que se hiciera el procedimiento’, afirmó ante los medios.

Respecto a la situación jurídica actual, Armenta Mier informó que, pese a la notificación inicial que generó revuelo en redes sociales, la empresa ya ha tomado medidas legales para frenar la ejecución inmediata del embargo. La televisora presentó una garantía financiera, minimizando así el impacto actual del proceso. ‘Ya lograron poner una garantía y ya no pasó nada’, señaló el mandatario.

El Ejecutivo estatal reiteró que su gobierno no tiene ningún trasfondo político en esta actuación. ‘Es un tema de adeudos de la empresa con trabajadores, nada que ver con lo otro’, recalcó, refiriéndose a las acusaciones de persecución. El pasado viernes, personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado acudió a las instalaciones de TV Azteca Puebla para realizar la notificación, una medida que inicialmente fue interpretada por algunos sectores como presión política, versión que el gobierno estatal ha rechazado firmemente.

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Redacción Capital Político
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