Ciudad de México. La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer este lunes que ha presentado una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en contra del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La demanda judicial internacional acusa al exmandatario de presuntos crímenes de lesa humanidad, derivado de la estrategia de seguridad pública implementada a lo largo de su sexenio (2018-2024), la cual, según los panistas, constituyó una política de Estado que propició la expansión del crimen organizado en territorio nacional.
Los argumentos de la denuncia internacional
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, quien explicó los fundamentos legales y políticos de la acción interpuesta. El documento presentado ante la fiscalía del tribunal internacional sostiene que durante la administración del político tabasqueño existió una «colaboración permisiva» y sistemática por parte de las estructuras gubernamentales hacia los cárteles de la droga. Acción Nacional argumenta que la controversial política de «abrazos, no balazos» trascendió de ser un simple lema de campaña para convertirse en un pacto de inacción institucional y tolerancia operativa frente a las actividades criminales.
Según la argumentación de la bancada blanquiazul, esta supuesta omisión deliberada por parte de las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad civil federales facilitó directamente la expansión territorial, económica e incluso de control político de las organizaciones delictivas en vastas regiones del país. Romero Herrera fue enfático al señalar que esta inacción gubernamental dejó en estado de total indefensión a la ciudadanía civil, resultando en cifras históricas de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y desplazamiento interno. La denuncia panista habla de la existencia de más de 200 mil víctimas directas e indirectas de la violencia durante el sexenio lopezobradorista.
Por qué acudir a La Haya y no a la justicia mexicana
Uno de los cuestionamientos inmediatos hacia la dirigencia panista fue la razón por la cual decidieron elevar el caso hasta los tribunales internacionales en lugar de agotar las instancias legales internas correspondientes en México, como la Fiscalía General de la República (FGR). Al respecto, el PAN justificó su decisión alegando una profunda «cooptación institucional» del sistema de justicia mexicano por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido político fundado por el expresidente denunciado.
Los representantes jurídicos del partido de oposición argumentaron en el documento enviado a la CPI que, dadas las recientes reformas judiciales y el control mayoritario del partido oficialista sobre el poder legislativo y diversos órganos autónomos, resulta materialmente imposible garantizar una investigación objetiva, imparcial e independiente en contra de la figura política más importante e influyente del régimen actual. Consideran que acudir a la justicia internacional es el único mecanismo viable para que se analicen, con rigor jurídico y sin interferencias políticas, las posibles responsabilidades penales individuales, tanto de exfuncionarios públicos de alto nivel como de los líderes de las organizaciones criminales involucradas.
La reacción del gobierno federal: Sheinbaum responde
La noticia de la denuncia ante La Haya generó reacciones inmediatas en las más altas esferas de la política nacional. Horas después del anuncio del PAN, la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue interrogada sobre el tema durante su habitual conferencia de prensa matutina. La mandataria federal desestimó tajantemente las acusaciones presentadas por el principal partido de oposición, calificando la acción penal en el extranjero como un acto de profundo oportunismo político y «doble moral».
Sheinbaum defendió férreamente el legado en materia de seguridad de su predecesor, argumentando que la estrategia del sexenio pasado se centró en atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, abandonando el enfoque bélico y de confrontación letal directa («la guerra contra el narco») impulsado precisamente por administraciones panistas anteriores, especialmente la de Felipe Calderón. La titular del Ejecutivo tachó de «hipocresía» que el mismo partido que desató la crisis de violencia en el país y cuyo exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, se encuentra condenado por narcotráfico en Estados Unidos, ahora intente juzgar internacionalmente la política de pacificación social de López Obrador.
El complejo camino jurídico en la Corte Penal Internacional
Especialistas en derecho internacional advierten que la presentación de la denuncia por parte del PAN es apenas el inicio de un proceso extremadamente largo y complejo. La CPI, que juzga a individuos por crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad, opera bajo el principio de complementariedad, es decir, solo interviene cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no tienen la verdadera voluntad de enjuiciar a los responsables.
El primer paso ahora corresponde a la Oficina del Fiscal de la CPI, la cual deberá realizar un examen preliminar de la denuncia y las pruebas presentadas por el PAN para determinar si existen fundamentos suficientes y competencia jurisdiccional para abrir una investigación formal. Históricamente, la Corte con sede en los Países Bajos es muy rigurosa en la admisión de casos políticos, por lo que el equipo jurídico del PAN tendrá el difícil reto técnico de demostrar, más allá de la retórica política, que las políticas de seguridad del sexenio anterior encuadran jurídicamente en la estricta definición de «crímenes de lesa humanidad» establecida en el Estatuto de Roma.
Mientras tanto, la denuncia internacional promete convertirse en un nuevo y tenso campo de batalla discursivo entre el actual bloque oficialista gobernante y la oposición política en México.
