En un movimiento que ha acaparado la atención política nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido citatorios a los gobernadores Rubén Rocha Moya de Sinaloa y Maru Campos de Chihuahua. Contrario a especulaciones sobre posibles arrestos, la Secretaría de Gobernación ha puntualizado que ambos mandatarios federalistas comparecerán en calidad de testigos dentro de las investigaciones en curso, descartando cualquier detención inminente.
De acuerdo con las autoridades federales, los citatorios forman parte de un proceso procedimental para recabar información crucial para las indagatorias. El Artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales subraya la obligación de toda persona de atender estos llamados y de declarar lo que conozcan, sin ocultar hechos o circunstancias relevantes, salvo aquellas que pudieran implicar su propia responsabilidad penal.
El gobernador Rubén Rocha Moya ha sido señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como ‘Los Chapitos’, a quienes se atribuye la escalada de violencia en el estado desde septiembre de 2024. Rocha Moya, al confirmar que atenderá el requerimiento, ha manifestado presentarse ‘con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer’, reafirmando su integridad. Junto a él, otros nueve funcionarios sinaloenses, incluido el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador de Morena, Enrique Inzunza, también han recibido citatorios.
Por su parte, la gobernadora Maru Campos enfrenta un citatorio de la FGR relacionado con la controvertida entrada de agentes de la CIA en Chihuahua. Este operativo, ejecutado contra narcolaboratorios en la localidad de Morelos, culminó trágicamente con la muerte de los agentes en un accidente automovilístico. Campos ha calificado este citatorio como una ‘persecución política’ en su contra, declarando que, como siempre, ‘seguiré dando la cara’. Su llamado se suma al de cerca de 50 funcionarios chihuahuenses previamente citados por el mismo caso para deslindar responsabilidades.
La Secretaría de Gobernación ha insistido en que las acciones de la FGR se apegan estrictamente a la legalidad y carecen de cualquier sesgo político, buscando únicamente el esclarecimiento de los hechos. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre los poderes y los distintos niveles de gobierno frente a investigaciones de alto perfil y trascendencia nacional e internacional.
