La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ha puesto en marcha una iniciativa trascendental para el sistema judicial mexicano: la reforma constitucional que busca aplazar la próxima elección de jueces y magistrados del año 2027 al 4 de junio de 2028. Esta propuesta, anunciada el lunes 18 de mayo de 2026 por Luisa María Alcalde, consejera jurídica, y que será enviada a la Cámara de Diputados, tiene como objetivo primordial simplificar el proceso electoral, reducir la cantidad de candidatos y optimizar la experiencia de votación para la ciudadanía.
Una estrategia para desahogar el calendario electoral
La decisión de posponer esta crucial votación no radica en consideraciones económicas, sino en una estrategia operativa clara. Así lo enfatizó la presidenta Sheinbaum durante su conferencia matutina: ‘Más que el costo es la facilidad para elegir’. La mandataria aludió a la saturación que representaría el calendario electoral de 2027, un año que ya contempla la renovación de 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y numerosos gobiernos municipales a lo largo y ancho del país. La intención es evitar que la magnitud de estos comicios opaque o complique la elección de cargos judiciales. ‘Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección del Poder Judicial al 2028’, reiteró Sheinbaum en su momento.
La propuesta de reforma, gestada a raíz de la baja participación del 13 por ciento registrada en la elección judicial de 2025 —la primera en la historia del país, que generó críticas por la dificultad de identificar a los aspirantes en la papeleta—, contempla cambios significativos. Entre ellos, destaca una drástica reducción en el número de candidaturas. Las aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disminuirían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y las del Tribunal Electoral, de 63 a 42.
La consejera Luisa María Alcalde precisó que, de aprobarse la reforma, la jornada electoral de 2028 abarcaría tanto el ámbito federal como el local, con la renovación de un vasto número de cargos: cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, y 424 magistrados junto con 2,831 jueces en 25 estados.
Para asegurar la transparencia y la idoneidad de los perfiles, la iniciativa plantea la creación de una Comisión Coordinadora. Esta entidad estaría integrada por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se encargaría de verificar los requisitos formales de los candidatos, así como de homologar los criterios de evaluación, incluyendo la aplicación de exámenes de conocimientos.
En cuanto a la configuración de las boletas, se prevé una simplificación notable. La ciudadanía votaría por un juez y un magistrado por especialidad, seleccionando entre candidaturas postuladas y juzgadores que busquen la reelección. Además, las boletas diferenciarán claramente las candidaturas propuestas por cada Poder. El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría la tarea de dividir el territorio nacional en los distritos judiciales necesarios para llevar a cabo este proceso. La reforma también propone la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual revocación de mandato, y que tanto las elecciones judiciales como las ordinarias se realicen en las mismas ubicaciones, pero sin la intervención de partidos políticos.
El panorama que se dibuja con esta reforma es el de un sistema electoral más ordenado y accesible, buscando corregir las deficiencias observadas en procesos anteriores y garantizar una participación ciudadana informada en la conformación del Poder Judicial. La discusión y eventual aprobación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados marcará un hito en la reconfiguración del sistema de justicia en México.
