El Congreso Nacional Indígena (CNI) ha lanzado una contundente denuncia sobre una crítica situación en la Montaña Baja de Guerrero, donde el grupo criminal ‘Los Ardillos’ estaría perpetrando bombardeos y ataques armados con drones contra comunidades indígenas, provocando el desplazamiento forzado de más de 800 familias desde el pasado 6 de mayo de 2026, bajo la supuesta protección del gobierno estatal, liderado por Evelyn Salgado Pineda.
Según el comunicado emitido por el CNI el 9 de mayo y difundido este 10 de mayo, las agresiones se han intensificado contra comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Se reporta que solo el 9 de mayo, las comunidades fueron ‘bombardeadas’ por más de ocho horas, resultando en el desplazamiento de mujeres, personas mayores, niñas y niños. Incluso, una mujer de Xicotlán resultó herida de bala el 8 de mayo.
‘Denunciamos que el grupo criminal de ‘Los Ardillos’ opera bajo la protección del gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la complicidad del Ejército Mexicano y de los distintos niveles de gobierno, ya que sus integrantes se han posicionado a escasa distancia de instalaciones militares sin que exista intervención alguna para detenerlos’, afirmó el CNI en su pronunciamiento.
El CNI señala que la presencia de la Guardia Nacional, policía estatal y Ejército Mexicano en la zona ha sido meramente de ‘vigilancia’ o para ‘simular mediáticamente un supuesto control’, sin ofrecer protección efectiva a las comunidades asediadas. La organización subraya que esta violencia es parte de una estrategia sistemática contra los pueblos indígenas que se organizan y resisten en defensa de su territorio y autonomía. La situación es alarmante, con un saldo histórico de 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados y 25 desaparecidos hasta la fecha.
El panorama
Ante la gravedad de los hechos y la inacción de las autoridades, el Congreso Nacional Indígena hace un llamado urgente a los pueblos, organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos en México y el mundo para que permanezcan alertas y atentos a la integridad y la vida de las comunidades afectadas en Guerrero. La exigencia es clara: el cese inmediato de los actos de violencia y una intervención efectiva para detener lo que describen como una ‘situación de guerra’ en la región.
