La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha generado un nuevo pulso político al negarse a comparecer este martes 28 de abril de 2026 ante el Senado de la República en la Ciudad de México, donde se esperaba su explicación sobre la polémica participación de agentes de la CIA en operativos antinarcóticos en la sierra Tarahumara.

La invitación a la mandataria, conocida popularmente como Maru Campos, provino de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado. El objetivo era que la gobernadora de Chihuahua ofreciera detalles y clarificara la injerencia de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio mexicano, específicamente en las operaciones contra el narcotráfico dentro de su estado, un tema de alta sensibilidad para la soberanía nacional.
La justificación oficial, enviada mediante oficio a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, establece que ‘dicha determinación responde a la necesidad de salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo, evitando comprometer información de carácter confidencial, o clasificada, así como garantizar la debida conducción institucional de la información y el respeto a la seguridad nacional’.
Esta decisión de Campos de declinar la comparecencia, bajo el argumento de no comprometer investigaciones en curso y proteger información clasificada, ha sido notificada oficialmente, marcando un claro desafío a la petición del Poder Legislativo y avivando la controversia sobre el alcance de la colaboración internacional en materia de seguridad y la autonomía estatal y nacional.
El panorama
La ausencia de la gobernadora Campos ante el llamado del Senado no solo reaviva el debate sobre la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera, sino que también augura un posible endurecimiento de las posturas legislativas. Algunos legisladores ya han señalado una ‘crisis institucional’ en Chihuahua. La negativa de la mandataria abre la puerta a nuevas acciones por parte del Poder Legislativo para esclarecer completamente la situación, incluyendo la posibilidad de establecer una comisión especial de investigación, como ya ha sido propuesto por la bancada de Morena, para coadyuvar con la FGR en el caso de los agentes de la CIA.

