El Salvador ha marcado un hito este lunes, 21 de abril de 2026, al iniciar un monumental juicio contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo a sus más altos líderes y fundadores. Este proceso masivo, que se desarrolla mayormente de forma virtual desde el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y otros penales, busca esclarecer 47,000 delitos, entre ellos 29,000 homicidios, feminicidios y desapariciones, cometidos entre 2012 y 2022, en el marco de la controversial ‘guerra’ contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele.
La ‘guerra’ de Bukele bajo la lupa
La Fiscalía General de la República anunció el inicio de este megajuicio, destacando que los acusados incluyen a miembros de la ‘ranfla’ –la máxima jerarquía– de la MS-13, así como cabecillas zonales. Entre los crímenes imputados, resalta la orden de matar a 87 personas durante un solo fin de semana en marzo de 2022, un suceso que catalizó la declaración de ‘guerra’ de Bukele contra las pandillas y la implementación de un régimen de excepción que ya lleva cuatro años en vigor. Esta medida ha resultado en más de 91,000 detenciones, según cifras oficiales, ampliando los poderes de arresto y suspendiendo derechos constitucionales.
Mientras los partidarios del presidente Bukele aplauden su mano dura por haber hecho de El Salvador un lugar más seguro, organismos internacionales y locales de derechos humanos han expresado serias preocupaciones. Expertos de la ONU han advertido que el gobierno ‘no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública’, mientras que grupos como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch denuncian detenciones arbitrarias y la vulneración del debido proceso.
‘Los salvadoreños tienen derecho a que los crímenes atroces de las pandillas sean investigados, juzgados y sancionados. Pero estos juicios masivos hacen imposible establecer responsabilidades individuales con pruebas sólidas y garantías reales de defensa, y por ello corren el riesgo de convertir la justicia en una ‘puesta en escena», advirtió Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La Fiscalía ha acusado a los imputados de mantener un ‘estado paralelo’ y de ‘rebelión’, atribuyendo a la MS-13 y Barrio 18 –pandillas nacidas en Los Ángeles y designadas como organizaciones ‘terroristas’ por EE. UU.– el control del 80% del territorio salvadoreño. Se espera que el proceso sea expedito, con la posibilidad de solicitar ‘las penas máximas’, incluyendo la cadena perpetua que pronto entrará en vigor para ‘terroristas’ y homicidas.
El reto de la justicia independiente
Las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobadas bajo el régimen de excepción, facilitaron estos juicios colectivos, eliminando el plazo máximo de un proceso penal y otorgando amplios poderes a la Policía. Sin embargo, esto ha generado una profunda preocupación en la comunidad jurídica.
El juez salvadoreño Juan Antonio Durán Ramírez subrayó que el proceso ‘exigirá mucho cuidado por parte de los jueces, quienes deben ser muy meticulosos en el examen y análisis de las pruebas’. Añadió que ‘se requerirá mucho tiempo para poder identificar a los acusados, individualizar los hechos y delitos que se atribuyen a cada uno, las evidencias, para poder determinar bien la responsabilidad de cada acusado; porque hay un riesgo de generalizar esas responsabilidades y riesgos de condenas injustas’. El magistrado también cuestionó la efectividad de penas excesivas: ‘¿De qué servirán condenas de 300, 500, 800 o 1.200 años de prisión, si no las pondrán cumplir?’ y sugirió ‘ser práctico y negociar esas condenas a partir de las pruebas que existan’.
Durán Ramírez también alertó sobre una ‘atmósfera de presión’ sobre los jueces, que podría afectar la ‘calidad de la justicia y el servicio de una justicia independiente e imparcial’. Reconoció que ‘muchos familiares alegan la inocencia de algunos detenidos y esperan una justicia independiente, imparcial y objetiva’, y criticó que los juicios masivos dificulten el ejercicio pleno de los derechos de defensa para aquellos que llevan años esperando su día en la corte.
El panorama
Este megajuicio representa un desafío sin precedentes para el sistema judicial salvadoreño. Mientras el gobierno busca consolidar su narrativa de mano dura contra la criminalidad y saldar una ‘deuda histórica’ con las víctimas, la atención internacional se centra en la capacidad de El Salvador para garantizar el debido proceso, la individualización de las responsabilidades y la independencia judicial. El veredicto de este juicio no solo definirá el destino de casi 500 personas, sino que también sentará un precedente crucial para el futuro del régimen de excepción y la administración de justicia en la nación centroamericana.
