PUEBLA, Pue. – Una insólita disputa por una herencia valuada en más de 600 millones de dólares ha llevado a Estela Romero Bringas, una anciana de 85 años y con graves problemas de salud, a ser vinculada a proceso en Puebla. Este caso cobra tintes políticos al señalarse a Olga Lucía Romero Garci-Crespo, actual dirigente estatal de Morena, de presuntamente usar su posición para influir en el proceso judicial y reclamar parte de la fortuna de la finada empresaria avícola Socorro Romero Sánchez.
Un Arresto Polémico en Tehuacán
La tensión escaló el 9 de abril, cuando elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Puebla rodearon varias cuadras en Tehuacán para detener a Romero Bringas. La anciana, que requiere oxígeno permanente y se desplaza en silla de ruedas, fue sacada de su domicilio y recluida una noche en la cárcel femenil de Ciudad Serdán, un despliegue que generó controversia por su ‘desproporcionalidad’, según críticos. Este miércoles, tanto Estela Romero Bringas como el notario público Ramiro Rodríguez Maclub fueron vinculados a proceso por presunta falsificación del testamento de Socorro Romero, siéndoles impuesta la firma periódica como medida cautelar.
La Trama de la Herencia: Apellidos y Poder
Socorro Romero Sánchez, conocida como ‘Socorrito’ o ‘la Señorita’, falleció el 2 de diciembre de 2009, dejando un testamento que designaba como heredera universal a su sobrina Elena Romero Bringas y como albaceas a los hijos de esta, Alfonso y Miguel Ángel Celis Romero. Sin embargo, la historia de la herencia ha estado marcada por litigios y detenciones. Miguel Ángel Celis Romero, también albacea, fue detenido en octubre de 2025 acusado de malos manejos y extorsión, un hecho que provocó marchas de apoyo en Tehuacán.
En el centro de la polémica actual se encuentra Olga Lucía Romero Garci-Crespo, quien durante décadas fue Mónica Caballero Garci-Crespo. En 2015, seis años después de la muerte de Socorro, promovió un cambio de identidad para adoptar el apellido Romero, alegando ser hija de Francisco Romero Bringas, hermano de Estela y sobrino de Socorro. Familiares acusan que ‘Monina’, como se le conoce, nunca fue cercana a la empresaria, a pesar de las declaraciones de la política sobre sus visitas a su tía abuela.
Olga Lucía ha declarado que ‘siempre’ visitaba a su tía abuela.
Con su nuevo apellido, Olga Lucía se unió a otros familiares en 2012 para reclamar derechos sobre la herencia, iniciando un juicio intestamentario donde fue nombrada albacea provisional. Durante su periodo como diputada local (2018-2021) y su cercanía con el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, promovió acciones civiles y penales, siendo acusada de usar su ‘influencia política’ para favorecer sus reclamos. Abogados Rodolfo Pérez Velázquez y Arturo García han denunciado que la Fiscalía General del Estado ha actuado ‘en la ilegalidad’ al sustraer el testamento original de la notaría.
La prueba clave de la dirigente de Morena es una carta de un médico, Guillermo Ulises González Hernández, que afirma que Socorro Romero Sánchez estuvo en estado de ‘enajenación mental’ diez días antes de su fallecimiento, invalidando el testamento firmado dos días antes de su muerte. Los herederos legítimos, sin embargo, presentan testimonios de sacerdotes, amigos y familiares que aseguran que Socorro permaneció lúcida hasta el final. Además, revelan una historia familiar: la empresaria, profundamente católica, se sentía culpable por la muerte accidental de un hijo de Estela bajo su cuidado, lo que habría influido en su decisión de dejarla como heredera universal.
El panorama
Este controvertido caso no solo pone en tela de juicio el sistema judicial de Puebla, sino que también salpica la carrera política de Olga Lucía Romero Garci-Crespo, quien ya ve aparecer bardas en Tehuacán promocionándola como candidata de Morena a la alcaldía para los comicios de 2027. La situación promete continuar su desarrollo en los tribunales, con implicaciones significativas tanto para la anciana procesada como para la imagen de la política y la Fiscalía poblana.
