El magnate Ricardo Salinas Pliego habría exigido al gobierno de Puebla contratos por 2 mil 350 millones de pesos y, tras la negativa, Tv Azteca inició una campaña de desprestigio contra el gobernador Alejandro Armenta y sus funcionarios. Esta revelación, documentada originalmente por el periódico digital e-consulta en marzo de 2026, pone de manifiesto una presunta presión del empresario sobre la administración estatal.
Las exigencias millonarias
Según la investigación, Salinas Pliego, a través de sus empresas, presentó una lista de proyectos para consolidar negocios con la entidad poblana. Las exigencias, valoradas en sumas exorbitantes, incluían:
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Pólizas de seguros: Patrimoniales para patrullas y seguros de vida por más de 140 millones de pesos a través de Seguros Azteca.
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Digitalización de documentos: Proyectos para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (50 millones de pesos) y la Auditoría Superior del Estado (30 millones de pesos).
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Software de movilidad: Implementación de sistemas para la Secretaría de Movilidad y Transporte destinados al control de grúas y corralones, con presupuestos de 50 y 70 millones de pesos.
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Conectividad: 10 millones de pesos para internet en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y la creación de una ambiciosa «Red Dorsal» por 2 mil millones de pesos.
La negativa y la respuesta gubernamental
La postura del gobierno de Puebla fue contundente: ninguno de los proyectos fue aceptado. Esta decisión provocó la reacción de Tv Azteca, propiedad de Salinas Pliego, que inició una agresiva campaña mediática adversa contra la administración estatal, utilizando calificativos e información cuestionable para denostar al gobierno y al equipo de Alejandro Armenta.
García Parra «pone en su lugar» a Salinas Pliego
La tensión escaló a mediados de abril de 2026, cuando el conflicto se trasladó a las redes sociales. Luego de que Salinas Pliego criticara fuertemente la inversión de recursos públicos en obras del gobierno poblano como el Cablebús —acusando a las autoridades de «robar» a través de jugosos contratos—, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, le respondió de manera tajante.
García Parra vinculó directamente el enojo del empresario con la cancelación de los convenios publicitarios y frenó las descalificaciones de Salinas Pliego con un contundente mensaje:
«Sr. Salinas Pliego. Con el dinero que se ahorran los poblanos al no pagar convenios extorsionadores a TV Azteca, se hacen grandes obras como la Universidad del Deporte, el puente de la Transformación, la Universidad de las Artes y el Cablebús. Se entiende su enojo, pero trabajamos para el pueblo, no para extorsionadores.»
El funcionario estatal remató asegurando que la ciudadanía poblana tiene claro que la campaña mediática ejecutada por la televisora es la consecuencia directa de que el gobierno no haya cedido a sus presiones financieras ni al «cobro de piso» mediático.
El panorama general
Este conflicto evidencia la tensa relación entre algunos sectores empresariales y los gobiernos estatales, donde la negativa a ceder ante presiones económicas puede derivar en conflictos en los medios. La situación en Puebla, marcada por el despliegue de una campaña de desprestigio de alcance nacional y las recientes confrontaciones públicas, subraya la importancia de la transparencia y la autonomía gubernamental frente a intereses particulares. El caso continúa generando un fuerte debate sobre los límites de la influencia empresarial en la política y la integridad periodística.
