El gobernador Alejandro Armenta ha encendido las alarmas en Puebla al anunciar una contundente demanda estatal contra Concesiones Integrales SA de CV, la empresa detrás de Agua de Puebla Para Todos. La acusación es grave: presunta falta de potabilización del agua residual que se vierte, exacerbando la ya crítica contaminación en la cuenca del río Atoyac y la presa de Valsequillo. El anuncio, realizado este 26 de marzo de 2026 desde la Ciudad de México, marca el inicio de un proceso judicial que busca responsabilizar a la concesionaria por un daño ecológico de gran magnitud.
De acuerdo con el mandatario, investigaciones recientes, impulsadas por la nueva titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap), Josefina Morales Guerrero, han revelado que la empresa cobra el servicio de potabilización sin realizar el proceso adecuado en gran parte de la metrópoli. Esta omisión agrava la situación ambiental de la región, posicionando a la cuenca del río Atoyac como la tercera más contaminada del país.
‘Agua de Puebla nos cobra por la potabilización en cada recibo que pagamos, pero no potabiliza, es un negocio, lo sabemos y ya estamos por interponer un proceso judicial. Y obviamente llega la descarga hacia el lago de Valsequillo, el cuerpo de agua más grande de Puebla, que está altamente contaminado’, sentenció Armenta, evidenciando la magnitud del problema.
En este contexto, el gobernador también hizo un llamado a los activistas de la región de Cholula para que permitan la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Huejotzingo. Criticó la postura de quienes, bajo una ‘aparente defensa del agua’, obstaculizan proyectos de infraestructura esenciales. ‘Yo aterrizo las ideas’, afirmó Armenta, subrayando la urgencia de construir soluciones reales ante la contaminación diaria.
El panorama
La interposición de esta demanda abre un capítulo crucial en la gestión del agua en Puebla, prometiendo un intenso debate legal y social sobre la responsabilidad de las empresas concesionarias y la eficacia de los servicios públicos. Este movimiento no solo busca sancionar a los presuntos responsables, sino también sentar un precedente para garantizar que los recursos hídricos vitales para la población y el ecosistema reciban el tratamiento y respeto que merecen, impulsando la infraestructura necesaria para un futuro más sostenible.
