La Cámara de Diputados de México dio un paso trascendental este 26 de marzo de 2026 al aprobar una reforma clave al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, buscando flexibilizar el proceso de garantías para los contribuyentes con créditos fiscales y modernizar la interacción con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con 418 votos a favor y 35 abstenciones, el pleno legislativo avaló en lo general y en lo particular una iniciativa presidencial que promete cambiar la dinámica en la gestión de adeudos fiscales. La propuesta, impulsada para agilizar el sistema tributario, ahora se encamina al Senado de la República para su análisis y votación definitiva.
Adiós al orden obligatorio: La nueva era de las garantías fiscales
Anteriormente, el artículo 141 del Código Fiscal establecía un estricto orden obligatorio de seis medidas para que los contribuyentes pudieran garantizar el ‘interés fiscal’ en medio de un litigio. Estas incluían billetes de depósito, cartas de crédito, prendas, fianzas, obligación solidaria de un tercero y embargos. Un esquema que, según legisladores, generaba rigidez y complejidad.
La reforma suprime este engorroso orden, otorgando a los contribuyentes la libertad de elegir una sola garantía entre las seis opciones existentes, simplificando significativamente el proceso y reduciendo la carga administrativa. Esta medida no solo busca facilitar el cumplimiento, sino también inyectar mayor confianza en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El diputado Carol Antonio Altamirano, Presidente de la Comisión de Hacienda, destacó la importancia de esta modificación, afirmando: ‘Esta reforma representa un avance relevante hacia un sistema tributario más equilibrado y ágil que busca proteger el interés fiscal sin debilitar la posibilidad de defensa del contribuyente.’
Por su parte, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) enfatizó que la reforma garantiza un trato justo: ‘Aquí no estamos hablando solo de garantías fiscales. Estamos hablando de confianza, de certeza y de justicia administrativa’ y aseguró que ‘se garantiza que los contribuyentes reciban un trato como sujetos de derechos, y no como sospechosos por defecto.’
Además de eliminar el orden de prelación, la iniciativa mantiene la obligación de que la garantía cubra los adeudos actualizados, los accesorios causados y aquellos que se generen en los 12 meses siguientes. Si el crédito no es cubierto en ese periodo, el importe deberá actualizarse anualmente, requiriendo una ampliación de la garantía. Un aspecto crucial de la reforma es que facilita a los contribuyentes el trámite de su garantía, liberándolos de la necesidad de acreditar su capacidad económica, un paso que históricamente ha sido un obstáculo para muchos.
El panorama
Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, la iniciativa ha sido turnada al Senado de la República, donde será sometida a debate y votación. Su eventual aprobación consolidaría un cambio fundamental en la administración fiscal, promoviendo un entorno más accesible y justo para los contribuyentes en México y reafirmando el compromiso del gobierno con la simplificación administrativa.
