Una jornada tensa se vivió el 25 de marzo de 2026 en las comisiones del Senado de la República, donde el tan debatido ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentó a un inesperado obstáculo: la ausencia y el descontento de legisladores clave del Partido del Trabajo (PT), poniendo en grave riesgo su aprobación final.
La ‘rebelión’ petista que amenaza la reforma
Durante más de tres horas de discusión, la iniciativa fue avalada mayoritariamente por los votos de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, la atención se centró en la notoria ausencia de los senadores del PT, Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, una señal clara de su oposición a puntos medulares de la propuesta presidencial.
La principal inconformidad del PT radica en los artículos relacionados con la revocación de mandato. Los petistas se oponen a que este ejercicio coincida con las elecciones intermedias, programadas para el próximo año, y critican la ambigüedad en el dictamen respecto a un periodo exacto, que establece su realización en el tercer o cuarto año del mandato.
‘Estamos sugiriendo que la redacción de la iniciativa sea más precisa, más contundente, y ya sobre eso daremos nuestra opinión final’, declaró el senador González Yáñez, dejando abierta la posibilidad de un cambio de postura si se atienden sus demandas.
La aprobación del ‘Plan B’ en el pleno del Senado pende de un hilo, ya que Morena requiere el respaldo de los seis legisladores del PT. Sin sus votos, la propuesta quedaría ‘congelada’. Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum ya había adelantado el 23 de marzo que evaluaría la posibilidad de un ‘Plan C’, aunque pidió esperar el desenlace de la votación.
Paralelamente, la oposición no tardó en criticar el ‘Plan B’ de Sheinbaum, desestimando su supuesto objetivo de reducir privilegios y acusándola de buscar una plataforma para promocionarse de cara a la elección de 2027.
‘¿Cuánto se va a gastar la presidenta difundiendo su imagen? … No elimina costos, le da dinero a la presidenta para promocionarse’, sentenció Marko Cortés, líder de la oposición.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, sostuvo que la reforma busca ‘constitucionalizar a las chachalacas’, refiriéndose a la intervención de los presidentes en procesos electorales intermedios.
Ricardo Anaya también sumó su voz crítica, señalando que la iniciativa permitiría a los municipios incrementar el número de regidores. Curiosamente, sobre la homologación de salarios de los consejeros del INE a un monto inferior al de la presidenta, no hubo comentarios en contra.
El panorama
La tensión política es palpable. La ‘rebelión’ del PT no solo exhibe fisuras en la coalición gobernante, sino que también subraya la complejidad de la reforma electoral. El desenlace en el pleno del Senado será crucial, no solo para el ‘Plan B’ de Sheinbaum, sino para el futuro de la política electoral en México y la dinámica de las alianzas en el poder.
