Tras intensas negociaciones que se extendieron por cuatro días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado un compromiso clave de sus aliados, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), para respaldar con sus votos el llamado ‘plan b’ de la reforma electoral. Este acuerdo, sellado con un documento firmado, busca blindar una de las iniciativas prioritarias del Ejecutivo y restaurar la unidad de la coalición oficialista, golpeada tras el fracaso de la propuesta original.
Un compromiso blindado en papel
El pacto, gestado bajo la supervisión de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, es el resultado de una ardua mediación encomendada directamente por Sheinbaum. La presidenta dejó claro a los líderes de Morena, PVEM y PT que el éxito de este ‘plan b’ es vital para el futuro de la coalición de cara a las elecciones intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030. El documento, al que este portal tuvo acceso, detalla el ‘compromiso expreso de apoyar, respaldar y votar con todos sus legisladores y legisladoras a favor de la propuesta legislativa en construcción, denominada ‘plan b’’.
El documento refiere textualmente: ‘Los partidos que suscriben, a partir de sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras, manifiestan su compromiso expreso de apoyar, respaldar y votar con todos sus legisladores y legisladoras a favor de la propuesta legislativa en construcción, denominada ‘plan b’, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consistente en reformas constitucionales que persigan los siguientes objetivos principales’.
La reforma constitucional propuesta por Sheinbaum busca objetivos claros: eliminar privilegios y gastos excesivos en congresos locales y ayuntamientos, destinando esos recursos a obra pública y programas de bienestar. Además, se propone ampliar y fortalecer mecanismos de democracia directa como la consulta popular y la revocación de mandato, buscando consolidar una democracia más participativa y austera. Los partidos firmantes se comprometieron no solo a votar a favor en ambas Cámaras y los congresos locales, sino también a promover activamente la propuesta en medios y entre sus bases, e impulsar reformas a las leyes secundarias. Entre los acuerdos adicionales, destaca el compromiso de reducir progresivamente el gasto en el Senado hasta un 15% de lo aprobado para 2026, lo que representaría un recorte de aproximadamente 765 millones de pesos. Asimismo, ningún dirigente de los tres partidos, en cualquier nivel, podrá percibir ingresos superiores al salario de la presidenta, fijado en 138,000 pesos mensuales netos. Al calce del documento figuran las firmas de líderes como Luisa María Alcalde, Ignacio Mier y Ricardo Monreal por Morena; Karen Castrejón, Manuel Velasco y Carlos Puente por el Partido Verde; y Reginaldo Sandoval junto a Alberto Anaya por el PT, este último firmando en doble calidad. A pesar del compromiso firmado, el camino del ‘plan b’ no está exento de obstáculos. Legisladores del PT y del Verde mantienen serios cuestionamientos, particularmente sobre la intención de modificar las reglas para la convocatoria y celebración de la revocación de mandato. Sheinbaum propone que esta consulta pueda convocarse al final del segundo o tercer año de gobierno y celebrarse el primer domingo de junio, abriendo la puerta a que la revocación de su propio mandato sea concurrente con las elecciones federales y locales de 2027. Esta propuesta es rechazada por el PT y por al menos un senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quienes consideran inconveniente empatar ambos procesos.
El panorama
La situación en el Senado es crítica. Morena cuenta con 67 escaños, necesitando 19 votos adicionales para alcanzar la mayoría calificada de 86. Sus aliados suman 20 senadores (14 del Verde y 6 del PT), lo que significa que la disciplina de voto es crucial. Basta con que dos legisladores oficialistas no voten a favor para descarrilar la reforma constitucional. La iniciativa, que originalmente se discutiría este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, fue pospuesta un día para ‘afinar el proyecto de dictamen’. Esta sesión de comisiones es la última instancia para posibles modificaciones, crucial para asegurar el apoyo de los seis senadores del PT y el senador del Verde que han manifestado reservas. El futuro de la reforma y la cohesión de la alianza oficialista penden de un hilo en los próximos días decisivos.
