La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha sacudido el escenario público al revelar un listado de jubilados y pensionados de organismos federales que perciben hasta 1.107 millones de pesos mensuales, poniendo en el ojo del huracán a exfuncionarios de Pemex y Luz y Fuerza del Centro. Esta exposición, con corte al 31 de diciembre de 2025, coincide con la reciente aprobación en el Senado de una reforma constitucional para limitar las ‘pensiones doradas’, ¿quiénes son los beneficiados y qué implicaciones tiene para el país?
Polémica lista: ¿Quiénes cobran las pensiones más altas?
El informe difundido por la dependencia federal, que abarcó empresas energéticas y banca de desarrollo, ha puesto nuevamente en el debate el alto costo de esquemas de retiro financiados con recursos públicos. Al frente de esta controvertida lista se encuentra Carlos Arturo Sánchez Magaña, exfuncionario de Pemex, con una pensión mensual de $1,107,361 pesos. Le sigue de cerca Jorge Evodio Chapa de la Torre, extrabajador de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), con $1,077,533 pesos. Otros nombres que rebasan el millón son Edgar Velázquez Butrón y Kenneth Sydney Smith Jacobo, ambos de LyFC, con $1,037,341 y $1,037,291 pesos, respectivamente. Salvador Quero García (Pemex) también figura con $987,978 mensuales.
Estos montos exorbitantes se concentran predominantemente en el sector energético, especialmente en ex empleados de Pemex y de la extinta Luz y Fuerza del Centro, contrastando notablemente con las pensiones más elevadas en la banca de desarrollo (como Nacional Financiera o Bancomext), que oscilan entre 130 mil y 200 mil pesos mensuales.
La difusión de esta información se ampara en el artículo 70, fracción XLII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fue presentada como un ejercicio de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos, buscando exhibir el costo de estos esquemas heredados.
Los 20 pensionados con los montos más altos
La lista completa de los veinte pensionados con las percepciones mensuales más elevadas, según el reporte, es la siguiente:
- Carlos Arturo Sánchez Magaña (Pemex): $1,107,361 pesos
- Jorge Evodio Chapa de la Torre (LyFC): $1,077,533 pesos
- Edgar Velázquez Butrón (LyFC): $1,037,341 pesos
- Kenneth Sydney Smith Jacobo (LyFC): $1,037,291 pesos
- Salvador Quero García (Pemex): $987,978 pesos
- Gustavo Adolfo Marrón Peña (LyFC): $980,526 pesos
- Jorge Ernesto Moreno Tovar (Pemex): $976,512 pesos
- Jorge Luis Talamantes Montoya (Pemex): $972,626 pesos
- Mardoqueo Staropolsky Nowalski (LyFC): $924,057 pesos
- Jaime González Gutiérrez (LyFC): $919,609 pesos
- Felipe Pérez Flores (LyFC): $919,559 pesos
- Humberto Ramírez Núñez (LyFC): $919,527 pesos
- Juan Gerardo Ruiz Maldonado (LyFC): $919,513 pesos
- Carlos Spinola Velázquez (LyFC): $882,484 pesos
- Alejandro Valadez Urrutia (Pemex): $655,515 pesos
- Mario Francisco Espinosa Estrada (Pemex): $500,052 pesos
- José Luis Lupercio Pérez (CFE): $451,251 pesos
- Carlos Víctor Manuel Carreto y Fernández (CFE): $433,440 pesos
- Guillermo Gil Arias (Pemex): $410,181 pesos
- Hugo Hasael Cruz Alavez (CFE): $358,122 pesos
El panorama
La publicación de estos datos se alinea con la discusión legislativa sobre la reforma al artículo 127 constitucional, aprobada por unanimidad en el Senado el 11 de marzo de 2026. Dicha reforma propone un tope de 70 mil pesos mensuales para las pensiones de trabajadores de confianza en organismos descentralizados y empresas productivas del Estado, equivalente a la mitad del salario presidencial. Este proyecto, turnado a la Cámara de Diputados, busca corregir el gasto público, aunque ha generado dudas en legisladores de oposición sobre la certeza jurídica y la retroactividad de la medida.
Por el momento, la difusión de los listados no implica una cancelación inmediata de los pagos ya autorizados. El futuro jurídico de estas ‘pensiones doradas’ dependerá del avance y aprobación final de la reforma constitucional, así como de la resolución de los debates sobre derechos adquiridos. En paralelo, la autoridad federal buscará homologar los criterios de transparencia para una publicación más comparable de datos sobre jubilados y pensionados, un paso crucial para una medición precisa del costo total de estos esquemas en el sector público mexicano.
