El sismo político dentro del bloque oficialista acaba de alcanzar una magnitud insospechada. Tras la reciente rebelión del Partido Verde, ahora es la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) quien ha pintado su raya y anunciado su rechazo a la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A un día de que la iniciativa ingrese formalmente a la Cámara de Diputados, el histórico aliado de Morena emitió un duro comunicado donde advierte que no apoyará los recortes ni la eliminación de la estructura actual de plurinominales.
«No al regreso del partido de Estado»
El documento, firmado por el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, asume una defensa férrea del actual sistema de representación plural, lanzando un mensaje sumamente hostil hacia sus propios compañeros de coalición:
«¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México! Decimos no al regreso del viejo partido de Estado», sentenció la dirigencia petista.
El partido se opone frontalmente a los ejes centrales de la reforma, que incluyen reducir en un 25% el presupuesto a los partidos políticos, eliminar 32 senadurías plurinominales y obligar a los diputados de representación proporcional a buscar el voto directo en las calles.
Los Cendis: «No somos moneda de cambio»
En un movimiento preventivo ante posibles presiones del gobierno federal, el PT dejó en claro por escrito que su postura no es negociable ni estará condicionada por temas presupuestales.
Hicieron referencia directa a los 81 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que son administrados por la estructura del partido en 15 estados del país. El PT advirtió que no aceptará chantajes, recordando que el gobierno federal ya tiene etiquetados 828 millones de pesos para la operación de estas estancias infantiles durante este año.
Morena contra las cuerdas
Este doble rechazo (PVEM y PT) deja a Morena matemáticamente acorralado. Al tratarse de una reforma a la Constitución, el partido oficialista necesita forzosamente la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos). Sin el respaldo de sus dos principales aliados, la iniciativa presidencial está virtualmente muerta en su formato original y obligará a la Secretaría de Gobernación a renegociar desde cero.
