Salud
Más de 60 profesionales de los centros sanitarios de Vallecas han firmado un manifiesto en el que alertan de “los efectos para la salud secundarios a la falta de vivienda y los procesos de desahucio, así como la ausencia de una protección adecuada por parte de las administraciones públicas”: “Las amenazas de desahucio y expulsar a la gente de sus casas hace enfermar a las personas”.
En el escrito, estos profesionales señalan que Puente de Vallecas es uno de los distritos más deprimidos económicamente de la ciudad de Madrid y, a la vez, “uno de los más afectados por los desahucios y con mayor porcentaje de personas en riesgo de perder la vivienda”. “Ante el peso de la evidencia y el alcance de las consecuencias del problema de la vivienda y, en concreto, de los desahucios, como profesionales sanitarios tenemos el deber de actuar para mitigar sus efectos y proteger la salud de la población”, indican. Por ello, es fundamental el trabajo comunitario con los diferentes agentes implicados“, señalan para indicar su ”apoyo a la lucha de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda“.
El comunicado fue difundido en la noche previa al desahucio de Marianoun vecino del barrio con problemas de salud, que se ha ejecutado este miércoles. “Los procesos de desahucio se asocian a un empeoramiento de la salud mental, incluyendo mayores tasas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, y pudiendo aumentar el riesgo de suicidio. Se han relacionado también con un aumento de las enfermedades crónicas, del dolor y del uso de fármacos; con una salud autopercibida globalmente peor, con mayores probabilidades de sufrir problemas cardiovasculares, como la tensión arterial elevada; con un aumento de consumo de tabaco y alcohol, y con la reaparición de problemas de salud previamente superados”, enumeran.
Los impactos de la crisis de la vivienda en la salud, señalan estos profesionales, “no se limitan al caso individual ni familiar de las personas desahuciadas”, sino que “tienen consecuencias negativas para el barrio y la comunidad, con efectos adversos para la salud general y mental, que afectan a la población de forma transversal”. Además, recuerdan que “corresponde a las administraciones públicas proteger a su ciudadanía facilitando el cumplimiento efectivo del derecho a al protección de la salud y el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada”.
En ese sentido, en su comunicado exigen que se reconozca la validez de los informes médicos y de vulnerabilidad que se realizan desde el sistema sanitario para la toma de decisiones que afecten a la pérdida de su vivienda, que las administraciones públicas detengan los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias y que se ofrezcan soluciones habitacionales dignas a toda la población.
