Salud
La salud es el logro social más importante de los colombianos en los últimos 30 años. Ha sido una de las alianzas público-privadas más grandes en toda Latinoamérica que en esencia buscó combinar recursos y capacidades del sector público y privado para mejorar la infraestructura, la capacidad resolutiva y la innovación tecnológica en el sistema de salud. Un derecho reconocido como fundamental que no necesitaba una nueva reforma estructural para efectuar los ajustes necesarios.
Salud Conforme a los criterios de
Por ejemplo, fortalecer la inspección, vigilancia y control a través de una Superintendencia libre de criminales disfrazados de políticos que han capturado las intervenciones de EPS para robarse descaradamente los recursos. Transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos. Mejorar la calidad del sistema de información y datos. Capacitar y formar funcionarios que inspeccionen y vigilen el sistema de salud. Estimular la participación ciudadana para controlar el sistema y reportar irregularidades o denunciar prácticas indebidas. Contar con sistemas de asignación de citas eficientes. Eliminar trámites y barreras innecesarias que obligan a la gente a interponer tutelas para acceder a la salud. Cubrir y atender poblaciones dispersas en territorios alejados. Dignificar laboral y salarialmente el talento humano en salud. Para atender estos desafíos del sistema de salud, no se requiere una reforma estructural.
Lo sensato era concertar las propuestas que de manera técnica y científica realizaron en su momento diferentes actores del sistema como el Gobierno, los trabajadores del sector, los pacientes y, en particular, el grupo de acuerdos fundamentales, bajo el liderazgo de la Academia Nacional de Medicina, quienes propusieron la urgente reglamentación de la Ley estatutaria 1751 de 2015, mejor conocida como ley de derecho a la salud.
Lamentablemente ocurrió lo más ilógico; el Gobierno Nacional desconoció los logros del sistema, emprendió una absurda e inconveniente reforma, además por la vía de una ley ordinaria que desconoce, en su trámite, a la salud como derecho fundamental. Para reformarla era indispensable hacerlo a través de una ley estatutaria. Es decir, tiene un vicio de trámite insubsanable la reforma propuesta que, hoy nuevamente, el Gobierno insiste en que se apruebe en sesiones extraordinarias, sin contar con el aval de las mayorías en el Congreso.
Lo ocurrido con la salud es el mayor fracaso y el peor daño hecho por este gobierno al pueblo colombiano.
Como ya es costumbre, en caso de ser rechazada, el presidente Petro responsabilizará al Legislativo de su propio fracaso por un manejo inadecuado y corrupto de la salud. Una estrategia diseñada desde el principio del gobierno, cuando la entonces ministra Carolina Corcho dijo: “Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”.
Y bueno, eso fue precisamente lo que intencionalmente hicieron: llevar al sector de salud a una grave crisis que hoy pone en riesgo ese derecho fundamental y la propia vida de los colombianos. Saldrá el presidente Petro, en caso de que se rechace su propuesta de reforma, a decir que es culpa de los “malditos congresistas”. La verdad es que han sido la ineptitud de sus funcionarios y el equivocado y corrupto manejo de las intervenciones los responsables de la grave crisis de salud que afronta el país. Por ejemplo, EPS intervenidas por el Gobierno como Emssanar, Asmet Salud y SOS en las que se han reportado corrupción y malos manejos. Además, el Gobierno accede a las bases de datos de las EPS con el grave riesgo de usarlas con fines electorales.
Mientras tanto, es incomprensible como los ministros de Salud y el saliente de Hacienda insisten en que los recursos destinados son suficientes. Por ejemplo, el señor director de la Adres, en una entrevista al diario El Colombianoexpresó que el ministro de Hacienda no ha girado los 819.000 millones de pesos de ajuste de 2022-2024 de presupuestos máximos, dineros que deben a las clínicas y hospitales del país.
Lo ocurrido con la salud es el mayor fracaso y el peor daño hecho por este gobierno al pueblo colombiano. El impacto negativo en la salud de los pacientes es ya evidente. Se refleja en el crecimiento desproporcionado de quejas, reclamos y tutelas, en el deterioro de las carteras de hospitales públicos que prometió defender y de las clínicas privadas. Muchos hoy están al borde del cierre por el no pago de los servicios corrientes prestados, aun después de las intervenciones. En consecuencia se afectaron los tratamientos de miles de pacientes, particularmente quienes padecen enfermedades crónicas, raras y huérfanas, que no reciben tratamientos de manera oportuna y con soluciones de continuidad, lo que compromete seriamente la vida de varios de ellos.
Es importantísimo preservar los más importantes logros del sistema de aseguramiento universal y la protección financiera a las familias.
Finalmente, tal vez lo más importante es que se adelanten por organismos independientes y técnicos, sin dogmas ideológicos, los estudios de suficiencia de la UPC. Es obvio que hoy es insuficiente para atender la demanda de servicios y tecnologías. Además porque incluyen en el nuevo proyecto gastos adicionales de funcionamiento e inversión en talento e infraestructura, que fácilmente superarán los 5 billones de pesos al año. Gastos que el nuevo proyecto pretende hacer con los recursos existentes, lo cual por supuesto deslegitima cualquier aval fiscal. El Ministerio de Salud ha destinado de manera ilegal recursos de la UPC para actividades y programas diferentes a los señalados por la ley.
Sobre el talento humano, el deseo de mejorar las condiciones laborales y salariales tampoco tiene nuevas fuentes de financiamiento para hacer estas mejoras. El talento humano en salud es de extrema importancia para la seguridad sanitaria del país y no puede ser abordado con anuncios populistas. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector no requiere una reforma estructural del sistema de salud, necesita responder a la pregunta: ¿cómo se financiará?
Es de máxima prioridad llamar la atención del Legislativo sobre el grave daño, en parte irreversible, que ya se causó al sistema de salud. Es importantísimo preservar los más importantes logros del sistema de aseguramiento universal y la protección financiera a las familias. El modelo de un seguro de salud es literalmente vital, pues ya muchos pacientes han tenido que acudir al gasto de bolsillo para garantizar una atención digna, adecuada y oportuna, a la que tenían derecho antes de estas absurdas decisiones.
Desde aquí invito a todas las fuerzas políticas del Congreso, incluidas las del propio Gobierno, para lograr un verdadero acuerdo nacional en salud. En lo inmediato, concentrar los esfuerzos en propuestas que garanticen la estabilización del sistema; tramitar con carácter urgente la ley de liquidez que presentaron algunos senadores de la República, para atender la difícil situación de los hospitales públicos y privados del país, así como de los proveedores de tecnologías y medicamentos, asfixiados hoy por las deudas, que ponen en grave riesgo la salud de los colombianos.
