Gran conmoción ha causado el hecho de que seis mujeres colombianas hayan sido rescatadas de una red de explotación sexual en México, luego de pasar varios días secuestradas en la ciudad de Veracruz. Las jóvenes viajaron al país azteca luego de aceptar una supuesta oferta de trabajo, lo cual es motivo de muchas conjeturas si tenemos en cuenta que no es la primera vez que se produce un episodio de esta naturaleza, teniendo como destino países como España, Francia, Holanda, Italia y otros de Europa, en el marco de la ilícita actividad que se conoce como trata de blancas.
Las permanentes noticias que se producen al respecto, nos indican que en Colombia miles de menores engrosan la estadística de explotación sexual infantil, bajo el énfasis de que la explotación sexual está inmersa en el delito de abuso sexual en menores.
Pero lo más preocupante es que la mayoría de los casos no son denunciados, pues muchas menores ejercen la prostitución en centros clandestinos, lo que hace suponer que la cifra de pequeñas trabajadoras sexuales es abultada. Es lamentable lo que sucede con muchas niñas, pero lo más digno de lamentaciones es que las políticas estatales tendientes a minimizar este flagelo sean prácticamente nulas.
El ICBF y la misma Fiscalía General de la Nación, cuentan con grupos especiales que se ocupan del tema para efectos de descubrir casos como al que hoy hacemos referencia, brindar protección inmediata y judicializar a los responsables, algo que merece el aplauso, pero que no es la solución de fondo, sobre todo si estamos hablando de casos consumados, de niñas que ya fueron afectadas física y psicológicamente. Lo que hoy se necesita en Colombia –y en todo el mundo– es una verdadera campaña de educación y concientización que evite que más mujeres caigan en estas redes pederastas.
Al respecto, además de las campañas preventivas es necesario que en Colombia y todas las naciones penalicen con muchos años de cárcel a los protagonistas de este delito y que se considere más agravante cuando se compruebe que los infractores utilizaron niñas para estas aberrantes prácticas; pero tal vez lo más esencial es la solidaridad social y moral de denunciar los casos que se conozcan. Este debe ser el inicio de un proceso que nos debe comprometer a todos y que tiene como objetivo preservar la salud física y mental de nuestras niñas, que son el futuro de nuestra sociedad.
Consideramos que en este tópico, se ha hecho algo, pero es muy necesaria la implementación por parte del ICBF de una campaña dirigida exclusivamente al sensible problema de la trata de personas en las que sean víctimas menores de edad, tales como el caso al que hoy hacemos referencia. Las permanentes noticias al respecto nos indican que en Colombia miles de menores engrosan la estadística de explotación sexual infantil y que de aquí son llevadas bajo diferentes modalidades de engaño y amenazas hacia otros países.
En lo que respecta al caso de las jóvenes rescatadas en Veracruz, México, se hace necesario agudizar las labores de inteligencia en coordinación con los países del área, para detener y juzgar a la red que ha tendido sus tentáculos sobre nuestra juventud. Es lamentable lo que sucede con muchas niñas, pero lo más digno de lamentaciones es que las políticas estatales tendientes a minimizar este flagelo sean prácticamente nulas.Hay que actuar pronto, antes que resulte doloroso e ineficaz buscarle remedio a este flagelo.
