AMLO deja poco al azar en su intento por reformar el poder judicial de México

(Bloomberg) — Huelgas a nivel nacional. Feroces advertencias de Estados Unidos de que la democracia está en riesgo. Reacción de los inversionistas que ha provocado el desplome de la moneda. Nada de esto ha apaciguado el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar un polémico plan que requeriría la elección de los jueces federales de México.

Pero el presidente, conocido como AMLO, está haciendo todo lo posible para garantizar el éxito de su larga campaña para reformar el poder judicial. A principios de este mes, los líderes de su partido, Morena, iniciaron su campaña para aprobar la reforma antes de que deje el cargo a fines de septiembre, y presentaron una legislación que prevé el inicio de elecciones judiciales en 2025.

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Ahora que un comité clave del Congreso se dispone a evaluar el plan el lunes, los opositores señalan un cambio sutil en la amplia propuesta como evidencia de la estrategia de AMLO de ganar a cualquier precio. El cambio coloca a los jueces electorales en un grupo que no se someterá a votación hasta 2027, un respiro para los mismos funcionarios que actualmente están determinando cuántos escaños tiene la coalición de AMLO en el Congreso.

“Esto es muy grave”, dijo la jueza Juana Fuentes Velázquez, titular de JUFED, una de las principales asociaciones judiciales de México. “Es un premio para los magistrados fallar a su favor justo cuando están a punto de decidir”.

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, desestimó tales afirmaciones esta semana, diciendo que el cambio tenía como objetivo permitir que los jueces electorales supervisen la primera ronda de votaciones judiciales, que incluirán elecciones para la Suprema Corte.

Se trata de “un asunto estrictamente obligatorio para dar certeza y seguridad jurídica a la elección”, dijo en una respuesta escrita a preguntas de Bloomberg News.

‘Riesgo mayor’

Los esfuerzos para frustrar el impulso reformista se han intensificado a medida que se acerca la votación inicial en el comité de asuntos constitucionales de la cámara baja.

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Esta semana, jueces y trabajadores judiciales iniciaron huelgas contra la propuesta en todo el país. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó las reformas en una declaración del jueves, advirtiendo que plantearían un “riesgo importante” para la democracia y que, además, facilitarían la infiltración en el poder judicial de los cárteles de la droga y el crimen organizado. El embajador de Canadá se sumó a la huelga y dijo que los inversores habían expresado profundas preocupaciones sobre el plan.

El peso mexicano ha caído un 11% desde las elecciones de junio en el país, en medio de las promesas de AMLO de utilizar las ganancias de Morena para aprobar las reformas. El ruido político, junto con la continua desinversión de las llamadas operaciones de carry trade, empujó al peso cerca de sus niveles más bajos desde 2022 esta semana. Es la única moneda importante que ha bajado en agosto y, con diferencia, la de peor desempeño entre las 16 principales que sigue Bloomberg.

Pero AMLO y sus aliados no parecen inmutarse por esos acontecimientos: el presidente criticó a Salazar y lo calificó de “irrespetuoso” el viernes, mientras que la presidenta electa Claudia Sheinbaum —miembro de Morena— calificó las huelgas de ilegales y desestimó las preocupaciones de los inversionistas sobre las reformas en comentarios públicos esta semana.

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Esto ha intensificado la atención sobre el tribunal electoral, que debe decidir sobre las impugnaciones electorales pendientes el miércoles.

Morena y su coalición superaron fácilmente el umbral de supermayoría necesario para aprobar reformas constitucionales en la cámara baja en las elecciones de junio, y terminaron a sólo dos escaños del control de dos tercios del Senado mexicano, según los resultados confirmados el viernes por el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, la oposición ha alegado en denuncias que Morena presentó a algunos de sus propios candidatos como miembros de otros partidos aliados, en un esfuerzo por eludir las disposiciones constitucionales que limitan a los partidos individuales a un máximo de 300 legisladores en la cámara baja.

Morena y su coalición, que obtuvo 364 escaños en junio, han negado las acusaciones, diciendo que los legisladores son de partidos diferentes y que, en todo caso, la oposición se ha beneficiado de esa “sobrerrepresentación” en el pasado.

La oposición ve las impugnaciones como una forma de reducir el tamaño de las mayorías de Morena y complicar el proceso de reforma. Una victoria de la coalición de Morena, en cambio, allanaría el camino legislativo ante la reforma propuesta.

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Monreal dijo que el comité constitucional tomará la decisión final sobre cuándo los jueces serán elegidos y puso en duda la idea de que una campaña de presión contra el tribunal electoral funcione de todos modos.

“Conozco personalmente a los magistrados, no se dejan chantajear por nadie”, dijo a los periodistas el martes. “No se dejan presionar por nada, conozco su autoridad moral”.

Pero para los opositores a la reforma, es el último intento de AMLO de socavar la democracia mexicana.

La senadora Kenia López pidió al Instituto Nacional Electoral y al tribunal electoral “no doblegarse” ante el gobierno, y dijo en un discurso el miércoles ante la cámara que hacerlo le daría a AMLO y Morena los votos para “destruir” las instituciones del país.

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