¿Cuáles son las propuestas sobre ciencia, tecnología e innovación en la campaña electoral 2024?

En esta nota pretendemos hacer un análisis comparativo de las propuestas, tratando de resaltar los puntos en común y algunas ideas novedosas. Nos basamos en los documentos públicos anteriores, y las referencias que aparecen en el texto son extractos de estos documentos. Las entrevistas que mantuvimos con los equipos sirvieron para profundizar en algunos aspectos y hacer una valoración general del nivel de acuerdo, que se presenta en el resumen final. Esta nota no pretende tener la rigurosidad académica del análisis de instancias electorales anteriores, como las realizadas por Bianchi y Martínez (2022)1. No haremos una calificación de las propuestas desde la perspectiva de Investiga uy. Nuestra asociación ya ha fijado una postura sobre la gran mayoría de los temas abordados en estos documentos (ver “Propuesta de reordenamiento del sistema de investigación e innovación para el Uruguay. Hacia un desarrollo sostenible basado en el conocimiento”)².

Lo primero a resaltar es que casi todos los documentos tienen una sección bajo el título “Ciencia, tecnología e innovación” (con excepción del documento de Laura Raffo, que sólo habla de innovación). En varios el tema de la CTI está presente en varias partes; se destaca la extensión y la variedad de propuestas en los documentos del Frente Amplio, de Cosse, de Silva, de Ojeda y de Delgado.

Para el análisis comparativo hemos definido cinco ítems:

-Relevancia del tema de la CTI para el país-Gobernanza del sistema CTI y planificación-Inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)-Sectores estratégicos-Acciones y propuestas en investigación e innovación

Pasamos a analizar cada uno de estos ítems.

A. Relevancia de la CTI para el país

Las “Bases programáticas” del Frente Amplio plantean que el desarrollo de la CTI es esencial para el futuro del país: “El país se apoyará en la CTI como pilares centrales de la actual etapa de desarrollo hacia una sociedad basada en el conocimiento con trabajo, bienestar, inclusión social y sostenibilidad”. Cosse plantea: “La CyT deben ser parte integral del desarrollo del Uruguay”.

El programa de Silva usa como lema el título del último libro de Ricardo Pascale, “El Uruguay que nos debemos”, y es una referencia central en gran parte del documento. Se destaca: “No hay país desarrollado en el mundo que no esté en la economía del conocimiento”, decía Ricardo Pascale. Uruguay no es todavía un país desarrollado.

Para serlo debe integrarse en la economía del conocimiento, como lo han hecho los países más prósperos del mundo. Vamos hacia un Uruguay inserto en la economía del conocimiento, que crezca a impulso de su desarrollo científico y tecnológico, exportando al mundo bienes y servicios innovadores de alto valor agregado.

Ojeda señala: “Uruguay ha realizado una inversión considerable en las últimas décadas, aunque presentando varios desafíos claros a la hora de continuar desarrollándose como un país que apunta al conocimiento científico y la innovación”.

Delgado plantea: “El avance exige una hoja de ruta a largo plazo no sólo impulsando la innovación y el crecimiento económico, sino también proporcionando las bases fundamentales para el diseño de políticas públicas efectivas y la resolución de desafíos emergentes. La reciente pandemia global ha destacado la importancia crítica de contar con capacidades nacionales en CyT para abordar problemas de salud pública, cambio climático y otros desafíos que impactan directamente en el bienestar de nuestra sociedad”.

Mieres señala que “el reconocimiento de la relevancia estratégica de la CTI debe traducirse en un incremento significativo de la inversión pública y privada, siendo esta última a la vez un indicador claro de que Uruguay es un lugar atractivo para negocios intensivos en conocimiento”.

De lo anterior se desprende que en la mayor parte de los programas hay un reconocimiento del papel que debe jugar la CTI en el desarrollo del país y la solución de problemas nacionales.

B. Gobernanza del sistema CTI y planificación

Varios de los documentos reconocen la falta de conducción y articulación del sistema de CTI y se señala, por ejemplo, “una modalidad de “archipiélago de instituciones” desperdigadas en el organigrama público, sin un funcionamiento armonioso” (Ojeda).

Además del “archipiélago de instituciones” sin articulación, no existe al presente una referencia de conducción del sistema. Se plantea en varios programas la necesidad de una nueva gobernanza del sistema CTI, pero las propuestas son diversas. También se remarca la necesidad de contar con una planificación de mediano y largo plazo.

El Frente Amplio propone “crear una institucionalidad específica al más alto nivel gubernamental, con capacidades y potestades de definición y ejecución de las políticas públicas y estrategias necesarias, así como coordinar las interacciones interinstitucionales transversales requeridas para las mismas”. Además, plantea la “creación de un Plan Nacional de CyT. Se promoverá una Ley de CTI que involucre a quienes hacen ciencia, desarrollos tecnológicos e innovación (Udelar, institutos, Investiga.uy, investigadores/as) y al resto de la sociedad”.

Por su parte, Cosse plantea reestructurar “la Dirección de Ciencia y Tecnología que actualmente se encuentra en la órbita del MEC [Ministerio de Educación y Cultura]moviéndola a Presidencia y dándole el rol de Secretaría”. “La Comisión Ministerial de CTI, creada en el año 2019, tendrá a cargo la definición de las políticas de CTI. La Secretaría de CTI será la encargada de articular todos los aspectos del Sistema Nacional de CTI. La ANII [Agencia Nacional de Investigación e Innovación] continuará en su rol de financiador de las actividades. El pilar ejecutor serán todas las organizaciones e instituciones que actualmente desarrollan actividades científicas en el país”, detalla.

En el Partido Colorado, Ojeda propone “concentrar los esfuerzos en el fortalecimiento de la cartera en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, resultando vital una centralización mayor y dotándola de las jerarquías, recursos humanos y financieros necesarios para un correcto funcionamiento”. Se plantea además la necesidad de un “nuevo marco legal y administrativo para el sector”, “suprimiendo o combinando instituciones que hoy en día comparten o duplican cometidos, dividiendo recursos innecesariamente”. Se propone “posicionar a la ANII como organismo ejecutor […] entendiendo que hoy realiza otras funciones que deberían ser ejecutadas por organismos de planificación y monitoreo”.

Por su parte, Silva plantea la creación de un “Consejo de Investigación e Innovación” que lidere “el diseño de políticas y estrategias, que opere bajo directrices de transversalidad, participación y planificación estratégica. Estará compuesto por representantes de los distintos ministerios involucrados (MEC, MEF, MGAP, MRREE, MIEM, MA) y presidido por el presidente de la República. La Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que actualmente depende del MEC, operará como una Secretaría General en este Consejo. El Consejo tendrá al menos un órgano asesor, conformado por un grupo de expertos que no tengan otras posiciones de gobierno y con formaciones multidisciplinarias”. Además, propone la aprobación de una “Ley Nacional de Innovación”, con “el objetivo de facilitar el círculo virtuoso por el que la investigación se transforma en conocimiento, el conocimiento en valor y ese valor en incentivo para financiar más investigación” mediante “mecanismos como incentivos fiscales y regímenes especiales”, creación de “empresas emergentes y escisiones fuertemente innovadoras y orientadas hacia el mercado global”.

Gurméndez se refiere al tema de la gobernanza en forma genérica y propone “generar una coordinación de todos los organismos públicos que actúan en la temática de CT+I, procurando la optimización de tareas y recursos, la eliminación de duplicaciones y la discontinuación de tareas no esenciales”.

Por el lado del Partido Nacional, Delgado señala que “las decisiones sobre la implementación de política corresponderán al gobierno quien coordinará las acciones y el modo”. Se debe “establecer una gobernanza unificada de la CTI que lidere la política pública en la materia, articule a los distintos actores, y brinde mayor peso jerárquico al área. Se estudiará la concentración de todas las competencias del sistema CTI en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. La Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación será la dependencia encargada de liderar la política pública que hoy se encuentra dispersa, que pasaría a llamarse Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología”. Se propone “potenciar el rol de [la] ANII como principal ejecutor de la política de I+D+I, bajo el liderazgo político del Ministerio correspondiente. Además, sobre la planificación se plantea “renovar el plan estratégico de CTI estableciendo una ‘Hoja de ruta a 2050’ que incluya prioridades, objetivos e indicadores para el área”.

Raffo hace una mención genérica de “fomentar la innovación” mediante la “colaboración entre academia, gobierno e industria” como “clave para favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento”.

El Partido Independiente propone “debatir con el sistema político la conveniencia de una Secretaría específica, cuyas competencias serían la promoción de la CTI, identificar desafíos globales y anticipar tendencias, la atracción del talento e inversiones, la gestión de la propiedad intelectual, y gestionar la transición e inclusión digital”.

En resumen, el debate sobre la reestructuración de la gobernanza del sistema de CTI no ha logrado propuestas de consenso y requiere una maduración que será clave en los próximos meses, antes de la asunción del nuevo gobierno. Las alternativas planteadas para la conducción del sistema de CTI se pueden resumir en:

-jerarquización y reforzamiento de la Dicyt en la órbita del MEC (Delgado y Ojeda);-creación de un consejo interministerial coordinado por la DICYT (Silva);-creación de una secretaría en la órbita de Presidencia (Cosse, Mieres);-creación de una institucionalidad específica al más alto nivel gubernamental (compatible con un ministerio u otro organismo de similar jerarquía) (Frente Amplio).

C. Inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

Previo a plantear l as metas en relación con la inversión en el sector, debemos aclarar un aspecto metodológico. A nivel internacional generalmente las comparaciones se hacen en términos de inversión en I+D, lo que no incluye todas las actividades de ciencia y tecnología (ACT), entre ellas los servicios científicos y técnicos, las actividades de testing y estandarización; y en educación se incluyen las becas de formación de grado y de posgrado. De los gastos de innovación empresarial, la inversión en I+D (interna y externa) es sólo una parte y no incluye ítems como la adquisición de bienes de capital, software y bases de datos, actividades vinculadas a la propiedad intelectual y capacitación para innovación³.

Actualmente la inversión pública en I+D está en el entorno del 0,3% del PIB, y la inversión privada ha tenido un reciente crecimiento a impulso de un par de empresas del sector TIC por el cual alcanzó valores entre 0,2% y 0,3% del PIB.

Cabe recordar el compromiso firmado por todos los candidatos presidenciales en 2014, con la Academia Nacional de Ciencias, de otorgar “un incremento gradual del presupuesto anual de ciencia y tecnología en el quinquenio, por ejemplo, de un 0,1% del PIB, hasta alcanzar un 1% al final del próximo período de gobierno”.

Para este período electoral el Frente Amplio propone “un compromiso presupuestal creciente y sostenido de la CTI, retomando el compromiso histórico de nuestra fuerza política expresado en forma conjunta con las políticas de educación de invertir sobre la base del 6+1% del PIB” (en educación y CyT, respectivamente).

En el Partido Colorado, Ojeda remarca que “resulta indispensable un aumento de la inversión pública y privada, con un norte de al menos un 1% del PIB”, “con énfasis en aumento del sector privado”, “apuntando a que la inversión del sector privado pueda representar un porcentaje mayor del total de la inversión”.

Por su parte, Silva se compromete “a aumentar la inversión en I+D al 1% del PIB en el siguiente período de gobierno. La estrategia de desarrollo en Uruguay debe procurar tender, por lo menos, al 2,5% en el mediano plazo”.

Delgado plantea “promover el aumento de la inversión pública y privada en I+D+i”, pero sin fijar metas específicas.

Mieres propone “incrementar la inversión en I+D, teniendo como meta alcanzar 1% del PIB, duplicando la inversión estatal y triplicando la inversión privada”. “La mayoría de estos recursos incrementales deberán dirigirse a los desafíos transformadores acordados y a priorizar aquellas inversiones públicas que tengan mayor capacidad de apalancamiento de la inversión en I+D privada”.

Los programas de Gurméndez y Raffo no mencionan metas de aumento de inversión en I+D. Gurméndez propone que “cuando el financiamiento sea totalmente con fondos públicos (de la sociedad), los institutos de investigación tenderán hacia investigaciones que busquen soluciones a problemas nacionales”. “Se impulsará la participación de los investigadores en la propiedad y regalías obtenidas por sus desarrollos”.

Una pregunta recurrente es de dónde saldrían los fondos que hicieran posible el aumento de la inversión en I+D pública. Ninguno de los programas plantea alternativas de financiación, como reasignaciones presupuestales, gravámenes específicos, préstamos en organismos internacionales, etcétera. La única propuesta específica aparece en el programa de Gurméndez, donde se plantea la creación de un “Fondo Soberano de Renta Energética” al que será asignada la renta obtenida por el país en proyectos de empresas petroleras y de energías renovables, destinándose parte a CTI, entre otros cuatro destinos.

D. Sectores estratégicos

Por motivos que no se analizan en esta nota, existe acuerdo en el sistema político y el resto del sistema de CTI en que se deben definir prioridades estratégicas, sin descuidar el resto de las áreas temáticas. En varios programas se hace hincapié en promover la investigación orientada a resolver grandes problemas y desafíos nacionales.

Existe un conjunto de sectores, comunes a todos los programas, que se plantean como prioritarios: las TIC (incluyendo la robótica y la inteligencia artificial), la biotecnología y las ciencias de la vida, y las energías renovables (incluyendo el hidrógeno verde).

Otros temas que se mencionan son: -producción sostenible de alimentos saludables, producción forestal, innovación en políticas sociales (Frente Amplio);-agrotecnología, ganadería inteligente (Delgado, Ojeda, Silva);-tecnologías limpias y tecnologías ambientales, tecnologías verdes y economía circular (Silva, Gurméndez, Ojeda, Delgado);-tecnologías para el gobierno y la administración pública (Silva);-estadística y matemática (Gurméndez, Cosse);-nanotecnología, materiales (Gurméndez);-producción farmacéutica (Silva).

Sobre la definición de los sectores, Mieres propone “identificar desafíos transformadores y direccionar recursos hacia ellos. Priorizar un número reducido de desafíos estratégicos, surgidos de un amplio acuerdo nacional (legitimación social y política). Se deben considerar desafíos complejos, multicausales, cuyo abordaje requiere colaboración intersectorial (público, privado, académico), que requieran la creación de conocimiento endógeno y en un área en la que Uruguay tenga fortalezas de I+D para innovar. Estos desafíos deben ser de innegable relevancia social y económica, y estar asociados a metas e indicadores acordados y reportados permanentemente”.

Para el estímulo de estas áreas estratégicas aparece una batería de propuestas como “establecer incentivos fiscales y otorgar financiamiento para inversiones en infraestructura, tecnología, etcétera; propiciar alianzas entre la academia y el sector empresarial del área, atrayendo Constructores de empresas e impulsando los escisiones universitarios; abrir nuevos mercados internacionales estratégicos y desarrollar estrategias de marketing; implementar estímulos a la diversificación de oferta exportable; programas de atracción de talento, de formación y de capacitación profesional, con foco especial en las ingenierías; asistencia técnica en temas de calidad, sostenibilidad y exportaciones; implementación de programas de certificación de producción sostenible y ética; desarrollar plataformas digitales que faciliten la colaboración entre académicos Uruguayos” (Silva, pero propuestas similares aparecen en otros programas).

E. Acciones y propuestas en investigación e innovación

El rol de las empresas públicas

Dada la relevancia y la contribución de las empresas públicas uruguayas (UTE, Antel, Ancap, OSE, bancos) al sistema productivo nacional, en los programas aparecen varias menciones del papel que podrían jugar en el impulso de la investigación y la innovación.

El Frente Amplio plantea que “las empresas públicas tendrán un rol clave en el proceso de generación y aplicaciones del conocimiento al desarrollo sostenible”. En particular, Cosse propone “fijar objetivos de inversión en cada empresa pública para el desarrollo de CTI. Promoveremos la participación de las empresas públicas en programas de apoyo a empresas emergentes en coordinación con [la] AÑOS».

Delgado propone “potenciar el rol de las empresas públicas como impulsores de la innovación, especialmente a través de la contratación pública y compras innovadoras”.

La compra pública innovadora también está presente en los programas del Frente Amplio y de Ojeda.

Ojeda plantea también “potenciar el concepto de desafíos de innovación en toda la administración, combinando los esfuerzos públicos y privados para la solución de problemas”.

Innovación

En los programas se presenta una amplia gama de acciones para promoción de la innovación, que se pueden agrupar en dos tipos: i) creación de empresas emergentesii) instalaciones para empresas existentes.

Para la creación de empresas emergentesvarios documentos proponen “establecer programas de apoyo a la creación, incubación y aceleración” (Frente Amplio, Delgado, Raffo, Ojeda, Silva). Delgado plantea que la creación de empresas emergentes (en especial en temas biotecnológicos) se promoverían “a través de beneficios fiscales no concursables […] la atracción de inversores de capital de riesgo, la creación de nuevos vehículos financieros para acceder a inversión de riesgo, la agilización de los procesos de registro y aprobación para comercialización de productos desarrollados en el país, la instalación de empresas internacionales, la promoción del sistema de zonas francas para transformarlas en polos tecnológicos, la profundización de beneficios fiscales y subvenciones a empresas que demanden tecnologías, la creación de un sistema de embajadores tecnológicos encargados de atraer empresas, la simplificación de procesos aduaneros y administrativos para la importación de insumos tecnológicos”.

Los incentivos fiscales son uno de los mecanismos presentes en varios programas (Delgado, Raffo, Ojeda, Silva, Mieres).

Una de las creaciones de este período de gobierno fue el Uruguay Innovation Hub (UIH), que “busca potenciar y acelerar emprendimientos en sectores de alto crecimiento, como tecnologías avanzadas, tecnologías verdes y la biotecnología”, mediante mecanismos como la coinversión, la aceleración y el apoyo a la creación de empresas emergentes. Los programas de Delgado, Ojeda y Silva plantean continuar y profundizar las líneas trazadas por el UIH.

Para las empresas existentes Delgado propone “impulsar una estrategia nacional de innovación empresarial, la eliminación de barreras burocráticas, la revisión y mejora de los incentivos para la I+D+i, y la generación de mayor interacción entre investigadores y el ecosistema innovador”. Silva, por su parte, plantea “una política de estímulo a la innovación estratégica”, mediante el “aumento hasta el 100% de las exenciones de IRAE [Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas] y un sistema de amortizaciones aceleradas para todas las inversiones que se realicen en proyectos de innovación en las áreas estratégicas”. El Frente Amplio plantea que “la innovación debe estar dirigida de manera adecuada para asegurar lo que se produce, y cómo se produce, generando creación de valor y no sólo facilitando instrumentos de protección o subsidios que faciliten la apropiación de valor”.

Recursos humanos

En cuanto al fortalecimiento de los recursos humanos, Delgado, Ojeda y Silva plantean acciones para la formación y la consolidación del sistema nacional de becas y de investigadores, así como la atracción de talentos. Ojeda y Silva proponen un aumento del número de becas y de fondos para el Sistema Nacional de Investigadores (SIN); en particular, Silva propone “otorgar 5.000 becas para estudiantes de carreras científicas y tecnológicas, en el plazo de cinco años”. Con respecto al SNI, Silva plantea la reevaluación de los incentivos económicos de acuerdo con indicadores de “volumen y calidad de la producción científica”.

Sobre las “políticas de desarrollo y atracción de talento altamente calificado”, Delgado propone acciones “tanto mediante la formación en el país como atrayendo y vinculando a quienes residen en el extranjero, atendiendo específicamente al retorno de investigadores radicados en el exterior”. Silva menciona “la política de integración de talento académico en el exterior (Pitae)”, que “se vehiculizará a través de la ANII”, mediante “incentivos financieros, como subsidios de reubicación, salarios competitivos y fondos para la investigación”.

Relacionamiento exterior

Silva propone un “Régimen de Importación Simplificada para la Investigación y la Innovación (RISII) que eliminará todos los tributos existentes o futuros, así como cualquier costo de transacción asociado al comercio exterior”. Acciones similares aparecen en la propuesta de Delgado.

Mieres propone la “atracción de Centros de I+D (corporativos o no) de clase mundial”, mientras que Raffo plantea “apoyar la instalación de universidades extranjeras”.

Delgado, Silva y Ojeda plantean acciones para que los organismos del servicio exterior (embajadas, consula dos, Uruguay XXI) cumplan un rol más destacado en la promoción e internacionalización de industrias tecnológicas, mediante una capacitación en CyT (Silva), la creación de agencias como antenas comerciales en consulados tecnológicos (Delgado) o consulados digitales (Ojeda).

Educación y divulgación

Todos los programas tienen secciones específicas sobre temas educativos. Aquí resaltaremos las propuestas referidas a educación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por su sigla en inglés).

El Frente Amplio plantea “promover, en el marco de la Educación Primaria y Media, la formación básica en competencias y conocimientos STEM y computación en dominios vinculados a la Inteligencia Artificial”. Cosse señala que “necesitamos integrar las habilidades en matemáticas para mejorar el desempeño de nuestro sistema de CTI”.

Silva propone “implementar un Plan Nacional de Matemática para focalizar la mejora en los aprendizajes de dicha área y de las competencias Pensamiento científico y Pensamiento computacional, integrando herramientas tecnológicas”; y una “alianza estratégica entre tecnología y educación” que permita “potenciar los espacios tecnológicos en los centros educativos”. Gurméndez plantea “focalizar esfuerzos de CTI en el desarrollo y uso de robótica, inteligencia artificial e informática en la formación de maestros y profesores”.

Todos los programas mencionan la necesidad de continuar con el impulso de Ceibal “como agencia de innovación educativa al servicio del sistema educativo, como apoyo en la TCI en la formación de docentes y en el acceso a nuevas formas de educación a través de la tecnología” (Delgado, pero hay propuestas similares en casi todos los programas)

El Frente Amplio plantea que “la ciencia también es cultura” y se propone “retomar las distintas iniciativas de la popularización de las ciencias”. Raffo, por su parte, menciona “aumentar las capacidades del programa Cultura Científica (MEC)”.

Acciones sobre políticas de género

El Frente Amplio, Ojeda y Silva proponen acciones específicas para promover un mayor interés de las niñas y mujeres en temas STEM, así “como continuar el fomento de las habilidades y oportunidades en el sector STEM para las mujeres, mediante programas de formación, becas de estudio y campañas de promoción, buscando promover la igualdad de género” (Ojeda).

Nuevas instituciones para el sistema CTI

Cosse propone “crear el Centro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica”, que “tendrá como objeto el avance de la CyT y la transferencia y extensión de esos conocimientos desde y hacia el sector productivo; incluyendo actividades de investigación y desarrollo, tanto básicas como aplicadas, en áreas o temáticas estratégicas para el desarrollo de Uruguay.

Resumen final

Del análisis de los programas y las entrevistas mantenidas surgen una serie de puntos comunes que pasamos a resaltar.

Se reconoce que todavía estamos lejos de concretar los acuerdos alcanzados por los candidatos presidenciales en 2014. Hay un reconocimiento de la falta de liderazgo en las políticas de investigación e innovación por parte del Estado.

Hay acuerdo en la necesidad de jerarquizar la temática, pero existen diferentes énfasis en los sectores. Se reconoce el papel que deben jugar la investigación y la innovación en el desarrollo del país y su contribución a una economía basada en el conocimiento.

No obstante, el tema de la CTI no forma parte de los temas centrales de las campañas, y las menciones en los discursos son esporádicas.

También hay acuerdo entre las/os precandidatas/os en avanzar en un reordenamiento del sistema CTI para definir las políticas y coordinar los organismos.

Sobre la forma de gobernanza del sistema no hay acuerdo, y el debate requiere una maduración. Aparecen algunas propuestas concretas, pero requieren un mayor desarrollo para entender cómo se articularía el “archipiélago de instituciones” existentes.

Se reconoce la necesidad de aumentar la inversión pública y privada en I+D; en algunos programas sectoriales, como el del Frente Amplio, algunos del Partido Colorado (Silva y Ojeda) y el del Partido Independiente, se fijan metas concretas de una inversión de 1% del PIB. Son casi nulas las menciones de medidas que indiquen cómo hacer efectivo ese incremento y qué pasos hay que dar.

En los programas se presenta una amplia gama de acciones concretas referidas al rol de las empresas públicas en la promoción de la investigación, la promoción de la innovación mediante la creación de empresas emergentes y facilidades para empresas existentes, el fortalecimiento de los recursos humanos tanto a nivel de formación como de consolidación y atracción de talentos, la implementación de planes para reforzar la educación en STEM, con especial énfasis en niñas y mujeres.

Las acciones que ha desarrollado Investiga uy lograron dar mayor visibilidad a la temática de la CTI y a la comunidad de investigadores. Hemos logrado un diálogo más fluido entre el sector académico y referentes de los partidos políticos en la temática y los propios precandidatas/os.

Consideramos que existe espacio para buscar amplios niveles de acuerdo que profundicen los compromisos anteriores.

Pasadas las elecciones internas, seguiremos conversando para concretar estos acuerdos.

Gonzalo Tancredi, es presidente de Investiga uy, asociación de investigadoras e investigadores de Uruguay.