Salud
La EPS Sura no va más. Como hizo Compensar hace poco más de un mes, la tercera entidad promotora de salud más grande del país, con 5,3 millones de usuarios, casi medio millón en Atlántico, pidió autorización para salir del Sistema de Seguridad Social, a través de un Programa de Desmonte Progresivo. Su decisión voluntaria de retiro, consecuencia de serias dificultades financieras enconadas durante los últimos años que hicieron inviable su operación futura, corrobora el inevitable naufragio del actual sistema de salud, como agentes del sector lo habían cantado hace meses.
No es casualidad que estas dos EPS, a punto de desaparecer, junto a Sanitas -intervenida por la Supersalud desde abril- fueran las mismas que hace casi un año alertaran sobre la gravedad de la crisis financiera del sistema, que se situaba al borde del colapso. Su llamado de auxilio para preservar la atención de sus casi 13.5 millones de usuarios no solo fue desatendido por el Gobierno nacional, sino que este en su afán de demostrar que se debía cambiar el modelo, a como diera lugar, para acabar con su naturaleza “mercantilista” o de “negocio”, aceleró la puesta en marcha de acciones encubiertas, como demora en los pagos e insuficiencia de los presupuestos máximos establecidos, lo que acentuó los problemas de liquidez que arrastraban.
Con arrogancia, imponiendo su consigna, prescindiendo del consenso y sin medir el impacto de desmantelar el sistema de aseguramiento obligatorio en salud, del que hace parte el 98 % de la población, el Gobierno insiste en “establecer con urgencia un nuevo sistema de atención en salud”. Modelo en el que las EPS, vía reforma a ser aprobada en el Congreso -no se sabe cuándo-, podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida para ofrecer servicios, mientras el Estado asumirá el riesgo financiero.
Así suena ideal, pero no queda claro con cuáles EPS podría contar el Ejecutivo para echar a andar su nuevo sistema. En aprietos para dar cumplimiento a sus obligaciones con clínicas, hospitales e IPS, buena parte de ellas parece más cerca de tirar la toalla, siguiendo los pasos de Sura y Compensar, que de mantenerse a flote. Es tanta la incertidumbre en el sector salud donde se acumulan las incógnitas que no se ven caminos viables hacia donde avanzar para buscar soluciones técnicas, responsables y posibles, que sean distintas a las que impone desde su púlpito de poder la mirada ideologizada de quienes nos gobiernan. Y encima, hablan a nombre de todos.
Haciendo cuentas, el Gobierno que en estos momentos responde por la salud de más de 25 millones de usuarios de las siete EPS que tiene intervenidas, entre ellas la Nueva EPS, la más numerosa del país, podría agregar a esta gran bolsa a otros 7,6 millones antes de finalizar el año, si acepta las solicitudes de retiro de Sura y Compensar. ¿A dónde irán estos afiliados? ¿Cuáles son las garantías de atención oportuna, eficiente y de calidad, una vez se definan sus traslados?
No en balde Pacientes Colombia, que reúne a casi 200 organizaciones, se expresa desconcertada ante lo que cataloga como el desplome del sistema de salud, en tanto exige la continuidad de los tratamientos y acusa de negligencia e improvisación al Ejecutivo, al que le reclama un Plan B. Si es que existe alguno haría bien el ministro Jaramillo o el superintendente Leal en darlo a conocer porque si buscaban una crisis explícita en el sector, como señaló la exministra Corcho, pues ya la tienen entre manos y es su deber garantizar el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. Por decirlo de alguna manera, su estrategia les salió a la perfección. Ahora, tienen que resolver.
Si con su reconocida experticia de más de 30 años, Sura perdió $360 mil millones entre 2022 y 2023, y proyecta $500 mil millones en 2024, ¿qué podrían esperar otras EPS sin apenas respaldo ni capacidad de acometer esfuerzos económicos y administrativos para encarar esta gran crisis?
Se equivoca el Gobierno al buscar el calor entre las sábanas. Al margen de que, como suele hacer, reparta culpas o deslice en otros su cuota de responsabilidad en la inadecuada financiación del sistema, un problema estructural e histórico, si no revisa el valor que paga por la actual UPC, que insisten las EPS es insuficiente, no resolverá sus nudos gordianos. La ecuación es más sencilla de lo que parece: los recursos no les alcanzan porque les giran un presupuesto limitado para garantizar coberturas y servicios ilimitados en el contexto de un país envejecido, aumentos en el consumo de salud y más demanda, uso de nuevas tecnologías, y así. Las deudas se les acumulan, los costos asociados no se cubren y bueno, también están los traslados de pacientes de otras EPS.
Ni antes ni ahora se ha visto la intención del Gobierno de superar con rigor técnico, voluntad política y entendimiento común los insostenibles problemas del sistema de salud. El tiempo se agotó para ciertas EPS. La crisis se profundiza, tornándose irreversible. Ningún desastre inducido, como cuota inicial de un cambio de ciclo, se valora de manera positiva. Solo, más incertidumbre.
