La oposición salió a castigar duro al Gobierno provincial por el proyecto de ley de Seguridad que impulsa en la Unicameral. No solo se expresaron en contra legisladores provinciales, sino que también lo hicieron el senador nacional Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo De Loredo.
“Difícilmente evitemos que empeore la grave situación de inseguridad en Córdoba si el gobierno no tiene la voluntad política de primero romper un circuito de complicidades de la política con el delito, segundo, si el gobierno continúa improvisando y tercero si busca evadir responsabilidades”, enfatizó De Loredo.
El parlamentario puso como ejemplo de esa trama la reciente detención de “uno de los más importantes funcionarios del gobierno peronista que tuvo a cargo durante 10 años el servicio penitenciario”. Con ese hecho, “quedó demostrada la connivencia de delincuentes y funcionarios para que los presos tengan salidas transitorias o directamente queden en libertad antes de cumplir la condena”, agregó.
De Loredo no sólo cargó contra el gobernador Martín Llaryora, sino que también cuestionó a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
“Estuvo por más de 10 años denunciando por hechos de corrupción al modelo peronista en Córdoba. Hay dos opciones, o el modelo cambió o cambió Juan Pablo Quinteros. No se trata de un funcionario que tenga trayectoria ni experiencia para semejante tarea. Le deseo mucha suerte”, subrayó en una declaración.
También recalcó que el traspaso de la responsabilidad de la lucha contra el delito a los 400 municipios y comunas de Córdoba, sin transferir fondos, capacitación y equipamiento, “es lisa y llanamente una evasión de la responsabilidad, es buscar culpables en otro lado para cuando aparecerán los problemas”, explicó.
Tras recordar que en su campaña para la intendencia propuso crear una policía para Córdoba Capital con la transferencia de los efectivos y los fondos, De Loredo puso como ejemplo la reforma aplicada por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.
Lo demostrado “un gobierno tiene real voluntad política de enfrentarse con el narcotráfico y la delincuencia”. En cambio, en Córdoba, “no sólo tenemos un modelo que pone en evidencia las falencias locales, sino que el éxito de las políticas vecinas y las malas políticas locales puede ocasionar una peligrosa migración de los delitos complejos”, concluyó.
Privatizar la seguridad
Juez, por su lado, expresó sus críticas a través de la red social “X”.
“Dicen que el gobernador Martín Llaryora, habría obtenido los votos necesarios para privatizar la seguridad en la provincia de Córdoba. Es inaudito e inadmisible que toleraremos una decisión semejante”, planteó.
Se preguntó entonces para qué el gobernador hizo votar la ley, “si ahora tiene que salir públicamente a manifestar que no está en condiciones de asumir uno de los principios básicos de cualquier gobernador que es brindar seguridad a sus vecinos”.
Juez demostró esta situación como » una locura y una vergüenza a la que claramente nos vamos a oponer. Este fue el mandato que nos dio la gente el 25 de junio. Por eso decimos en forma contundente: No a la privatización de la seguridad”, recalcó.
