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Cerca de 100 normas cubanas aprobaron profesionales del país solo en lo que va de año en correspondencia con políticas y programas oficiales jerarquizados, anunció la Oficina Nacional de Normalización (ONN).
En la práctica responden principalmente a productos exportables, alimentos, agricultura, envases y embalajes, petróleo, automáticas, tecnologías de la información, transporte (vehículos eléctricos) y salud pública, señaló la Doctora en ciencia de Nancy Fernández Rodríguez, directora general de la institución. .
La mayoría de ellas están armonizadas con sus homologas internacionales u otras de prestigio regional, agregó la directiva en un encuentro con periodistas de medios nacionales y provinciales en La Habana.
Insistió en la necesidad de su aplicación por constituir una herramienta indispensable para contribuir a elevar la disciplina tecnológica, incrementar el ahorro y el control de los recursos, al igual que la eficiencia de la producción y los servicios.
Son decisivas también, puntualizó, en la seguridad y competitividad de estos últimos frente a las crecientes exigencias del mercado y las expectativas de los consumidores, que involucran a los trabajadores por cuenta propia, micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y cooperativas en general. .
Fernández Rodríguez ponderó en la oficialización de los patrones el rol de los 108 comités técnicos de normalización, integrados por los mejores profesionales del país que actúan en forma voluntaria y los respectivos Organismos de la Administración Central del Estado.
La economía nacional cuenta con un portafolio de 4 mil 531 reglas y sus grupos temporales de trabajo actualizan las relacionadas con el arroz, miel, protección al consumidor, carbón vegetal, demolición de estructuras, MIPYMES, pasta dental y botellas de oxígeno para el buceo.
En el caso de los gases, elaboraron un proyecto de Código de buenas prácticas para el gas licuado de petróleo (GLP), aplicable a las personas naturales y jurídicas que intervienen en la cadena de valor.
Además, continúa el proceso de elaboración de documentos normativos que establecen requisitos para la manipulación y distribución del gas fabricado, de amoníaco y otros.
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